Por Raúl Pizarro Rivera
Cónclave es una palabra que en latín significa “con llave”, y es ampliamente conocida por la hermética asamblea de cardenales de la Iglesia Católica para elegir a un Papa. Permanecen en su encierro lo que sea necesario hasta que le comunican al mundo, a través del humo blanco, que han elegido a un nuevo Pontífice.
Producto de su infinita ignorancia, en La Moneda denominan cónclave a cada encuentro a que el Presidente convoca en Cerro Castillo a sus ministros y jefes de partidos gubernamentales. En ellos no existe secreto alguno: se trata de reuniones cuyo contenido es revelado por los asistentes y que la vocera de palacio transforma en “versión oficial”.
A mediados de enero se llevó a cabo el primer cónclave del 2024 y debería ser el único y último antes de las vacaciones del Ejecutivo, del Legislativo y de los partidos. En boca de la inefable Camila Vallejo, se supo que en el encuentro se trazó “la agenda para el año”, poniendo énfasis “en el trabajo territorial y en la reforma previsional para lograr, de una vez, la seguridad social”...
Agregó una expresión que origina la duda entre la risa y el llanto: “se planificó un cronograma para... ¡seguir avanzando! en el programa de Gobierno destinado a mejorar la calidad de vida de las personas”.
¿Ha avanzado en algo este Gobierno? ¿Cuándo habrá ocurrido ello que nadie se ha percatado?
La denominada agenda del Gobierno para este año se reduce, en el marco de un supuesto programa, a la trillada reforma previsional, y, electoralmente, a un trabajo territorial enfocado en las Regiones para pavimentar el éxito de los candidatos de izquierda en las elecciones de alcaldes y gobernadores.
De la inseguridad ciudadana, nada. No cabe dentro de las prioridades del Ejecutivo, más todavía si el Presidente –tras el asesinato de una niña de 10 años- afirmó, de modo tajante, que a los delincuentes los perseguiremos hasta encontrarlos y entregarlos a la Justicia para que opere el Estado de Derecho”. De enfrentar al crimen organizado, combatirlo en terreno y eliminarlo en el acto, ni una sola palabra.
El que las policías cumplan con la ordenanza de la ley, para el Presidente no es Estado de Derecho.
La comunista Vallejo, una vez más, dijo tener la esperanza en que “la oposición salga de su atrincheramiento” para llegar a un acuerdo sobre “la seguridad social”, concepto que para ella no es más que el reparto a la vagancia de parte del futuro 6% adicional de cotizaciones aportado por la patronal a sus trabajadores. La Moneda, la izquierda y, entusiastamente, la enana DC, presionan para que ese monto se divida en dos, con la finalidad de que la mitad se destine al “pilar solidario”. O sea, para sus propios partidarios que no trabajan, porque desde su adolescencia se les prometió que vivirían del Estado.
El mundo laboral asalariado, público y privado, hace mes a mes más que suficiente solidaridad, ya que gracias a sus descuentos para impuestos, el Fisco recauda fondos, y más que los requeridos, como para recortarles sus ahorros previsionales para subsidiar a quienes no imponen por decisión propia o por desempeñar labores informales al margen de la ley, y si es que lo hacen.
Desvirtuando su majadero discurso de hasta hace poco, la propia vocera reconoció que nada de ese futuro 6% se destinará a la PGU por tener ésta un financiamiento propio a través de impuestos específicos. Así, el majadero y populachero discurso de “mejorar ya mismo las bajas pensiones de gente que no puede seguir esperando”, hay que sumarlo a la larga lista de falsedades de este Gobierno.
Para echarle más fuego a la hoguera, Mario Marcel –que se salvó por horas de asistir a un cheese and wine con Pablo Zalaquett- dijo que “100 mil mayores de 65 años (¿?) murieron esperando mejores pensiones”, una estupidez inédita en voz de un ministro de Hacienda y que contrasta brutalmente con la decisión del Consejo Nacional de Protección al Adulto Mayor (CONAPRAM) de cerrar, por reducción de presupuesto, una decena de Hogares en Santiago y Regiones, dejando en el aire a 100 octogenarios enfermos, inválidos, ciegos y dementes.
Estos “mensajes” de Vallejo y de Marcel tienen que ser asumidos con la mayor celeridad y seriedad por la oposición acaso no quiere vivir la misma ácida experiencia del Consejo Constitucional. En éste, la izquierda, desde dentro y afuera de la asamblea, se dedicó a denunciar la imposibilidad de llegar a acuerdos “por el atrincheramiento de la derecha”. Esta imaginaria e inventada negativa de la oposición mayoritaria a llegar acuerdos en dicho Consejo, nunca fue respondida como correspondía por los delegados ni por los dirigentes de los partidos, mediante un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que es imposible siquiera un acercamiento con quienes quieren imponer en el país un sistema político totalitario y estatista, con evidentes amenazas a las libertades individuales. En la historia no se conocen acuerdos de demócratas con el demonio.
Acerca de la reforma previsional, la oposición no puede vacilar ni un instante en defender lo que el ámbito laboral manifiesta con contundencia: el 6% adicional para los trabajadores debe ser exclusiva e íntegramente para ellos. Esta misma petición fue hecha llegar a la Convención Constitucional el 2021 y ésta, en manos del marxismo, la envió directamente al basurero. Vallejo fue prepotente, al desafiar a que “cada político debe dar la cara y hacer pública su postura”, en alusión a una supuesta elusión de algunos sobre el tema en un año de elecciones.
El real sentir de la izquierda lo transparentó una parlamentaria del sector: “la derecha no quiere permitir un triunfo del Presidente Boric”. En definitiva, la mejora de las pensiones es lo de menos.
La segunda parte de la fantasiosa agenda anual es el “trabajo territorial” de ministros con la finalidad, según la vocera, de “estimular la creación de empleos, reactivar la economía y mejorar la salud”. Tratándose todas de políticas públicas, bien se sabe cómo funciona Chile: es el poder central el que maneja el destino de los recursos y las inversiones fiscales para todas las áreas del aparato estatal. El 2023, Hacienda trató de “agilizar” el uso de “fondos sociales” a través de las Gobernaciones y SEREMIS y se conocen los resultados: ¡se robaron $ 50 mil millones!
El discurso post cónclave no fue más que un efecto distractor para explicar, o tratar de hacerlo, la gran intervención electoral que está alistando La Moneda para afrontar otra de las grandes olas que se le viene encima, como son las elecciones de alcaldes y gobernadores. No deja de ser una paradoja que justo ahora, los ministros saldrán a terreno como nunca lo han hecho, a excepción de Mario Marcel y Jeannette Jara que se desplegaron al sur y al norte para hacer campaña por el En Contra en el pasado plebiscito de salida.
El fraccionamiento del país y la polarización son indicativos categóricos e indesmentibles para que, de una vez, la oposición se decida con energía y coraje a enrostrarle un “no” contundente y final a un Gobierno ya fracasado, inactivo y que se niega a priorizar soluciones concretas e inmediatas para, al menos, aminorar la tragedia delictual que vive la población. Ése es, desde hace dos años, el flanco que sin piedad hay que atacarle a La Moneda y a sus aliados, por una razón muy simple: Chile, en el corto plazo, puede vivir un colapso gigantesco de consecuencias impredecibles.
En ningún país medianamente inteligente, su Gobierno tendría “cortado” al mando superior de la policía, como ocurre en Chile. El vínculo entre La Moneda y el Director General de Carabineros está definitivamente roto y mientras el Presidente, Interior y el PC lo quieren ver fuera del cargo, Ricardo Yáñez felicita a sus funcionarios que matan hampones y autoriza a que el personal de franco vuelva a utilizar sus armas.
Chile, desde la campaña electoral de este Presidente, sabe que por su idolatría a los derechos políticos de la izquierda, se opone a ver bandidos abatidos y jamás ha cumplido su difundido anuncio de que “delincuente extranjero ilegal detenido, en un plazo máximo de cinco días será expulsado”.
En apenas un año, la población carcelaria ha aumentado en un 20% y hay penales en los cuales la mayoría de los internos son extranjeros. Pero, así y todo, en la “agenda 2024” la delincuencia y la inseguridad ciudadana no tienen cabida ni menos prioridad.
Dada la terrible realidad actual y el sentimiento de temor generalizado de la población, el colocar en primer lugar de la agenda la reforma previsional -mal llamada seguridad social por Vallejo- y el trabajo territorial en Regiones, es un acto de mala fe y de la peor calaña para distraer a la ciudadanía de su único y real foco de inquietud y miedos.
No hay más agenda que el exterminio rápido del gansterismo y del hampa, y ello a punta de armas policiales, tal como lo ordena la ley.
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