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Por Camilo Cammás Brangier
Abogado, analista legislativo
Director Fundación Voz Nacional


El pasado jueves 6 de agosto, se aprobó en la Comisión de Hacienda Senado una indicación al proyecto de ley de migración y extranjería, que se encuentra en las últimas etapas de su tramitación, con el fin de que extranjeros que se encuentren en situación migratoria “irregular”, es decir, con tramitación de residencia pendiente puedan solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. En concreto, esto permitiría que quienes ingresen como turistas podrían solicitar un permiso de permanencia transitoria para poder trabajar en Chile.

El proyecto presentado por el gobierno era ya de por sí malo, como expliqué hace un tiempo en una columna.[1] Con la nueva indicación, el proyecto quedará todavía peor de lo que ya era originalmente, ya que se premiaría a quienes infringen la actual legislación vigente, pues lo que hará es simplemente regularizar una situación existente en los hechos, como reconociera el senador Jorge Pizarro, quien además dijo que con esto lo que se estaba haciendo era “sincerar” el problema. Por su parte, desde el Servicio Jesuita de Migrantes se instó a que se incorpore en el proyecto “mecanismos de regularización” para una migración ordenada, segura y regular. En otras palabras, esta organización, conocida por su activismo, busca que no se sancionen las infracciones a la ley y que estas puedan ser “saneadas” mediante un simple trámite.    

La situación de muchos trabajadores ya se había visto perjudicada con las anteriores oleadas migratorias. Posteriormente, gracias la ola de destrucción y saqueos ocurrida en octubre de 2019 muchas personas quedaron sin empleo, perdiéndose alrededor de unos 300.000 puestos de trabajo). Si esto no fuera suficiente, los largos meses de confinamiento obligatorio, debido a las cuarentenas decretadas por el estado de alarma, han hecho que mucha más gente quede (y continúe quedando) desempleada, debiendo recurrir a todo tipo de actividades informales para ganar sustento para ellos y sus familias. Una ley migratoria que permita que turistas vengan a buscar trabajo creará un perverso “efecto llamada” para que muchas más personas ingresen al país. En efecto, ya se ha previsto que para el año 2021, una vez que se superen los problemas sanitarios, debería llegar una nueva ola migratoria, la cual se cree – según expectativas conservadoras – que podría ser de alrededor de unos 200.000 nuevos migrantes. Otros creen que podría ir entre los 500.000 a 800.000.

El problema que tenemos no se reduce sólo a esta indicación en particular, ya que el contenido de este proyecto va en la misma línea del Pacto Global para una migración segura ordenada y regular elaborado por Naciones Unidas. En efecto, la migración “segura, ordenada y regular” es uno de los principios que sirven de fundamento al proyecto, entre otros.

A su vez, este Pacto Migratorio es parte de lo que se conoce como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[2], que no es otra cosa que un marco de referencia para la “gobernanza global” – eufemismo para gobierno mundial soft, ejercido a través de la ONU - que busca estandarizar las legislaciones de todos los países, reduciendo la soberanía nacional a su mínima expresión, la que irá siendo cedida a los organismos internacionales a medida que se vayan cumpliendo los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda.

La actual legislación migratoria, si bien no es perfecta, es bastante decente y tiene los mecanismos para evitar el ingreso ilegal y sancionar las situaciones migratorias “irregulares”. El problema radica en la ausencia de voluntad política para hacerla cumplir, entre otros motivos, debido al activismo odioso de organismos de derechos humanos y las ONG “pro migrantes” que buscan torcer la mano a la ley, alegando discriminación cada vez que se intenta hacerla cumplir. La verdadera razón por la que desean sustituirla no se debe a que ésta sea “anticuada”, por ser del año 1975, sino que por no ser lo suficientemente flexible, de acuerdo con los lineamientos globalistas.

Lo que el gobierno debiese hacer no es vetar el proyecto, sino que retirarlo sin más trámite, pensar en el bienestar de todos los chilenos y no en cumplir con agendas internacionales que en nada nos benefician. Es posible, pues se trata de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, sin embargo no sucederá, pues carecen del carácter y convicción para ello.


[1] https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-hecha-la-trampa-hecha-la-ley/

[2] https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-globalismo-un-panorama-general/

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