Cristián Labbé Galilea
Con los años uno aprende que, en la vida pública, siempre terminan apareciendo episodios que no sólo desafían la lógica, sino la pulverizan. Casos jurídicamente aberrantes, políticamente impresentables y moralmente indefendibles… verdaderas arbitrariedades disfrazadas de legalidad.
Cuando se cree de verdad en el Estado de Derecho existe una obligación ineludible: denunciar estos hechos … sin matices, eufemismos ni miedo.
Lo ocurrido en tribunales las últimas horas es uno de estos casos.
Un general de 95 años, en estado de demencia, sin control de sus funciones básicas, sin conciencia de sí mismo ni de su entorno, que ha permanecido 18 meses hospitalizado, ha estado sujeto a una persecución judicial inhumana a pesar de que su situación médica está respaldada por cuatro informes del Instituto Médico Legal… “reconocidos incluso bajo el gobierno anterior”.
Aun así, ahora, “en este gobierno”, con el concurso de abogados de la actual Subsecretaría de Justicia, se han presentado sendos escritos, buscando que la justicia niegue a ese vetusto soldado el beneficio humanitario de ir a morir a su casa.
Es verdaderamente escandaloso comprobar que el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Justicia “del actual gobierno”, actúe “en la misma línea” que los abogados querellantes, ambos buscando invalidar los informes médicos que dan cuenta de la salud del nonagenario General … Demencial, por decir lo menos.
Señor Presidente, se ha hablado de justicia, no de revancha; de cerrar heridas, no de reabrirlas; de gobernar para todos, no de profundizar divisiones; se ha dicho que se acabaría con la persecución a los militares; que se buscaría solucionar los casos de soldados ancianos, y enfermos privados de libertad. Sin embargo, el propio Subsecretario de DDHH de su gobierno contradice todo lo dicho, al solicitar a la Corte que se niegue validez a los informes médicos del anciano General.
Es inaceptable —y hay que decirlo sin rodeos— que la Subsecretaría de Derechos Humanos “de este gobierno”, “de nuestro gobierno”, juegue con las mismas cartas que esgrimen abogados famosos por haber hecho de la persecución a militares su profesión.
Pero pareciera que la justicia “empieza a mostrar sus cartas”. Pocas horas antes de cerrar esta columna, entró un rayo de esperanza a iluminar estas líneas. Fue la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel quien, a pesar de la acción en contrario ya comentada, quien resolvió “por unanimidad” que el General no deberá continuar cumpliendo condena privativa de libertad y que deberá volver a su hogar junto a su familia.
Dado lo impresentable de la situación descrita, esta irritada pluma plantea a las máximas autoridades de gobierno que, para lograr un verdadero Estado de Derecho y para que impere una verdadera justicia, se debe al menos: investigar el actuar de la referida subsecretaría y revisar la existencia del INDH. Medidas como las descritas serán una señal que… “la justicia empieza a asomar su nariz”.
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