Por Cristián Labbé Galilea
Hace algún tiempo que dejamos de ser un país donde la corrupción era una excepción; hoy estamos cooptados por ella. Los que ayer nos parecían casos aislados, hoy por hoy son el pan nuestro de cada día: narcotráfico, lavado de activos, tráfico de influencias, prevaricación, crimen organizado, y una creciente desconfianza en las instituciones que deberían ser el muro de contención frente a estos males.
Los secuestros, el sicariato, la violencia, el narcotráfico y la prostitución ya forman parte de la realidad nacional. Sin embargo, el problema supera la existencia de estas organizaciones criminales; el verdadero peligro aparece cuando ellas logran penetrar las instituciones que debieran combatirlas. El dinero de la droga no circula ni se blanquea fácilmente; requiere complicidades, omisiones, redes de protección y sistemas de control, que fallan precisamente donde deberían funcionar con mayor rigor.
Los últimos antecedentes conocidos sobre operaciones vinculadas al lavado de activos en importantes instituciones bancarias del país, han puesto bajo la lupa a muchas instituciones encargadas de prevenir este tipo de delitos. Más allá de las responsabilidades individuales, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que esas enormes cantidades de dinero provenientes del crimen organizado puedan salvar los sistemas de control sin que nadie los detecte?
La respuesta es simple: cuando los mecanismos encargados fracasan reiteradamente, la ciudadanía concluye que el problema no es la falta de normas, sino la falta de voluntad para aplicarlas.
Algo similar ocurre con el Poder Judicial. Las denuncias sobre tráfico de influencias, conflictos de intereses, prevaricaciones y conductas incompatibles con la imparcialidad, han provocado sin duda un deterioro de la confianza en la justicia y cuando los ciudadanos empiezan a dudar de ella, el Estado de Derecho tambalea.
De lo dicho, lo más preocupante es que pareciera consolidarse una cultura donde los responsables rara vez enfrentan las consecuencias. Las investigaciones se prolongan indefinidamente, las responsabilidades se diluyen, y siempre encuentran algún resquicio para escapar impunemente.
Recordarán mis contertulios que el Estado Portaliano se construyó sobre la premisa de que el orden público, el respeto a la ley y la fortaleza institucional eran condiciones indispensables para la existencia misma de la nación.
Hoy, casi dos siglos después, la tragedia no es la falta de leyes ni de instituciones; es la incapacidad de hacerlas respetar. Donde el Estado Portaliano imponía autoridad frente a la delincuencia y la anarquía, el país actual parece resignarse a convivir con el narcotráfico, los secuestros, el lavado de dinero y la corrupción enquistada por todos lados.
Por último, no se aflijan mis optimistas contertulios porque, a juicio de esta pluma, aún estamos a tiempo de reaccionar, solo se requiere que las instituciones encargadas de perseguir el crimen organizado actúen sin complacencia ni contemplaciones. La historia contemporánea nos advierte que un Estado se degrada cuando el narcotráfico penetra instituciones, cuando el dinero ilícito encuentra protección y cuando la justicia pierde credibilidad… Por lo mismo, no podemos confiarnos… nuestro país esta asediado por la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
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