Cristián Labbé Galilea

La educación es una de las responsabilidades fundamentales de toda sociedad. De ella dependen no sólo la formación de nuestros jóvenes, sino también la transmisión de valores, la movilidad social, la convivencia y, en definitiva, el futuro de una nación.

Pero que la educación sea una responsabilidad esencial del Estado no significa que necesariamente deba ser administrada por éste. Una cosa es garantizar la educación y otra, muy distinta, gestionarla.

La creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pretendió corregir las deficiencias de la educación municipal. Sin embargo, sus serios problemas de gestión —con Atacama como el caso más elocuente— obligan a revisar el camino escogido. Se quiso solucionar un problema y se terminó creando burocracia y corrupción; se buscó mejorar la gestión y se construyó una estructura que alejó las decisiones de la comunidad.

Alexis de Tocqueville (Democracia en América, 1835) comprendió tempranamente que: “la libertad política se aprende y se fortalece en el gobierno de los asuntos locales”. La educación no debiera ser una excepción: mientras más cerca de la comunidad se toman las decisiones, más clara resulta también la responsabilidad por sus resultados.

Ese es precisamente el principio a seguir: si se quiere gestionar eficientemente la educación en nuestro país, debiera ser lo más cerca posible de la comunidad, porque como reza el viejo refrán, "al ojo del amo, …".

El municipio posee una ventaja difícil de reemplazar. El alcalde tiene nombre, rostro y responsabilidad política. Los padres saben dónde encontrarlo, los profesores pueden reclamar, los concejales fiscalizar, y los vecinos conocer lo que ocurre en los colegios de su comuna. Así, cada cuatro años la ciudadanía puede premiar o castigar esa gestión en las urnas.

Con los SLEP, en cambio, la responsabilidad tiende a diluirse entre directores ejecutivos, estructuras administrativas y autoridades centrales. Se cumple así una vieja enfermedad de la burocracia: ¡cuando todos son responsables… al final nadie responde!

Ciertamente, como habrán comprobado mis fieles contertulios, hubo municipios que administraron chapuceramente sus establecimientos. Pero el error estuvo en que la respuesta debió ser fortalecerlos, profesionalizarlos, fiscalizarlos y exigirles resultados, pero no reemplazarlos por una estructura burocrática y distante.

Es aquí donde una sociedad que cree en la libertad debiera atreverse a explorar, sin complejos ideológicos, soluciones privadas para problemas públicos. El Estado puede financiar, garantizar cobertura, establecer estándares y fiscalizar rigurosamente, mientras municipios, fundaciones, universidades y corporaciones privadas aportan capacidad, innovación y experiencia en la gestión educativa.

Incluso nuestros deteriorados colegios emblemáticos debieran hacernos reaccionar. Cuando la violencia, el adoctrinamiento o la agitación desplazan al estudio, y la autoridad pierde el control del establecimiento, quienes pagan el precio son precisamente aquellos jóvenes que más necesitan una buena educación pública.

Al final, a juicio de esta pluma, lo que se necesita es volver a una regla elemental del buen gobierno: acercar las decisiones a las personas, y hacer efectivas las responsabilidades a quien corresponda. En pocas palabras: más educación, más comunidad, más libertad y menos burocracia.

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