Gonzalo Ibáñez Santamaría

En homenaje a don Jorge López Santa María, profesor, maestro y amigo

En estos días, el país inicia un camino destinado a abrogar la actual Constitución y a darse una nueva. Es una decisión que la clase política del país adoptó claramente contra el veredicto popular del día 4 de septiembre. Este rechazó el proyecto que entonces se le presentó y dispuso, al contrario, que continuara vigente la actual constitución. No se le hizo, sin embargo, ningún caso y, de hecho, no hay ninguna razón de fondo que avale esta decisión. Sólo cuestiones circunstanciales como el haber sido la actual constitución redactada por tal o cual personaje o en tal o cual fecha. Todos sabemos que esos argumentos son falaces porque los redactores que ha tenido esta constitución han sido muchos tanto como muchas la cantidad de fechas en que ella ha sido redactada. Basta simplemente considerar el número y profundidad de las reformas que se la han introducido unas detrás de otras. Pero, sea cual fuere nuestra opinión al respecto, lo cierto es que como país enfrentamos ahora la tarea de dotarnos de una nueva constitución.

Parece entonces ocasión propicia para exponer al menos las más importantes bases sobre la cuales corresponde enfrentar la tarea de su redacción. En primer lugar, es esencial que el Estado, como aparato de gobierno y de administración del país, retenga y profundice su carácter subsidiario. El cumplimiento de sus metas sociales, esto es, procurar una mejor calidad de vida para sus miembros, los chilenos, así lo exige. Las distintas tareas sociales de producción de bienes y servicios tanto materiales como intelectuales corresponde sean asumidas por las distintas partes del cuerpo social -los particulares- las cuales para cumplir con su cometido deben contar con dos instrumentos esenciales: libertad de acción y propiedad sobre la cual proyectar esa libertad. Por supuesto, como contrapartida, les corresponde asumir la debida responsabilidad por el ejercicio que hagan de esa libertad. El Estado que se entromete en el cumplimiento de las tareas particulares sólo trae ineficiencia, arbitrariedad y mayor pobreza. Nuestra historia así lo atestigua largamente y hoy, los ejemplos de la salud y de la educación públicas, no hacen sino reafirmar esa conclusión. El Estado, o es subsidiario o es ineficiente y, además, totalitario.

En seguida, reafirmar la importancia de que una sociedad bien constituida cuente con Fuerzas Armadas y de Policía suficientemente dotadas de personal, de debida preparación y de elementos para cumplir con su misión tanto de defender al país de eventuales agresiones foráneas como, en el caso de la Policía, de dotar de paz y de seguridad interior a todos y a cada uno de sus habitantes. Como depositarias únicas del ejercicio de la fuerza legítima en el país, a ellas les corresponde mantenerse al margen de las decisiones políticas que van marcando el rumbo para la comunidad. En esto consiste su subordinación, no al mundo de los civiles, sino, como todos los ciudadanos, al poder político en el marco que señale la constitución y las leyes. Es lo que denominamos el principio de “no deliberación” de estas fuerzas, pero ha de tenerse presente que a ese principio corresponde como contrapartida el derecho a que esa deliberación se haga razonablemente en los órganos del poder político, y no se pretenda emplear a estas instituciones armadas para imponer al país ideologías que puedan comprometer gravemente su futuro o que ellas tengan que permanecer impávidas frente a políticas que pueden terminar destruyendo al país.

El gobierno de la nación tiene derecho a ser obedecido y los particulares tenemos el deber de obedecer puntualmente las normas que de él provengan. De hecho, como lo enseña la doctrina cristiana, obedecer al gobierno es la vía por la cual obedecemos a Dios en todo lo que dice relación a la vida social. Faltar a esa obediencia es entonces una manera de fallarle a Dios. Pero, la obediencia no es ciega. Ella está contrapesada por el derecho a ser bien gobernados; el derecho a exigir ser bien gobernados y el derecho, si las circunstancias así lo exigen, a proveerse de un buen gobierno. Está de por medio la misma subsistencia de la sociedad política y, por ende, el bien de todos y de cada uno de los miembros de esa sociedad.

En fin, una sociedad bien constituida, más allá de los textos escritos, supone como su pilar fundamental la familia fundada en el matrimonio,  esto es, la unión de por vida entre un varón y una mujer con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Por cierto, al Estado corresponde ayudar a grupos familiares monoparentales o que enfrentan emergencias en sus vidas cotidianas. No se trata tampoco de condenar la homosexualidad, pero sí de educar a la juventud en la convicción de que el camino del matrimonio como lo hemos definido es el mejor para la realización personal y para la solidez del país del cual somos partes. Es la vía por la cual la sociedad se va renovando generacionalmente y, por lo mismo, ella clama por el respeto a lo que es su fruto natural, las nuevas vidas humanas que lo son desde el momento mismo de la concepción y que, por lo tanto, deben ser desde entonces respetadas y protegidas como todas las vidas humanas. Es, sin duda, el futuro del país el que se pone en juego en este respeto y protección.

Sobre esas bases, es mi parecer, se puede después construir un sólido edificio de orden social.

(El Mercurio de Valparaíso, 29/01/2023)

Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm

-