26 agosto, 2025 
Por Magdalena Merbilháa
Hay que habilitar al Estado de la facultad de despedir a los funcionarios corruptos y se debe exigir la restitución de lo mal habido. A Chile no le sobra la plata.
Hay una frase que es el mínimo ante el flagrante y escandaloso robo permanente al Estado, “que devuelvan la plata”. Pero ese piso evidente, no se logra cuando son las autoridades las que “justifican lo injustificable” y es la ley la que impide hacer lo correcto. La Contraloría General de la República ha hecho su labor y quienes fueron “pillados” en robo flagrante por licencias falsas aún no devuelven la plata. Los sumarios, se supone que están en curso. Lo cierto es que nadie ha sido despedido, aún teniendo pruebas claras y distintas de sus graves faltas. El Estatuto Administrativo los protege, lo que es una vergüenza. Es la ley la que nos impide hacer lo correcto. Sacar las manzanas podridas y potenciales corruptibles del Estado. Por tanto, esa ley no sirve.
Hoy, la nueva “guinda de la torta” es el hecho que el Compin exige que, para impugnar las licencias falsas comprobadas desde la Contraloría con datos cruzados de la PDI, el empleador debe solicitar un certificado caso a caso de la PDI con las fechas de viaje. Solo entonces los aseguradores pueden no pagar las licencias falsas. Esto parece una broma. Más “burrocracia” (literalmente una burrada), una senda estupidez. Son 25.000 casos, es imposible que el Estado recupere el dinero robado y mal habido de esta forma. Lo lógico es impugnar todas las licencias que tienen cruce con viajes el extranjero y que sea al revés, que el que considere que es injusto, pida el certificado correspondiente para defenderse. Los funcionarios de planta en el Estado son dueños de sus cargos y hagan lo que hagan, se quedan. Eso es inmoral e injusto. No corresponde y menos financiado por todos los chilenos. No estamos dispuestos a pagarle la vida a los “chantas”. Chile está cansado. Ciertamente el abuso, el robo y la impunidad tienen agotados a los que aún son personas de bien. El mínimo hoy para “resetear” es que todo quien robó, de un modo u otro al Estado, deba devolver el dinero so pena de embargo judicial de sus bienes. Robarnos a todos no puede ser gratis.
Esta situación es algo anquilosado en nuestro país, ya que los estudiantes reclamaban por intentar imponerles a quienes vandalizaban la propiedad pública y privada el necesario “quien rompe, paga”. ¡Aquí nadie devuelve nada! Parece ser que la visión de compensaciones sólo es algo vigente para los delincuentes. Ellos están llenos de garantías y las víctimas, en este caso la ciudadanía, puede ser ultrajada en sus bolsillos para que ladrones se den la fiesta.
Es cierto que la semana pasada, a pesar de los intentos de frenar y de ralentizar la justicia, el caso “Democracia Viva” algo avanzó. Se estaría pidiendo hasta 10 años de cárcel para los involucrados. ¿Y la plata? Cárcel, sin duda, pero, ¡que devuelvan la plata también! ¿Por qué el Señor Alberto Larraín de ProCultura aún no ha sido embargado? Robó, hizo desaparecer miles de millones y pareciera ser que da lo mismo. Claramente el caso fue “tapado con tierra” cuando los vínculos comenzaron a acercarse a la moneda. La justicia, dejando de ser justa, sacó al fiscal que se acercaba a la trama, para poner a otro que desde entonces no ha avanzado nada. Larraín está feliz en su casa posteando sus “emprendimientos” en redes sociales, una vergüenza.
¿Cómo es posible que el Estado persiga por “cielo, mar y tierra” a quienes no pagan algún impuesto y no persiga, incluso evite la potencial persecución, a quien roba dinero al Estado? Esto es el mundo al revés. A quien no paga sus contribuciones, con montos muy inferiores a lo robado por el señor Larraín le confiscan su casa y lo llevan a remate judicial. Larraín está tranquilo, el sistema está hecho para reventar y explotar a los que se esfuerzan y premiar a quienes, sin mérito, engañan y roban.
Estamos cansados, si la justicia no hará justicia, que sea la sociedad civil la que exija un estándar ético mínimo que es devolver lo robado. A quienes se los ha pillado flagrante en robo y no han devuelto nada, hay que convertirlos en “parias”. Hay que exigir al Congreso que, por decencia, si es que aún algo le queda, levante y reforme el Estatuto Administrativo para casos de flagrante y evidente delito. La ley los protege e impide que se los saque del cargo. Hay que habilitar al Estado de la facultad de despedir a los funcionarios corruptos y se debe exigir la restitución de lo mal habido. A Chile no le sobra la plata, y en lo estafado desde funcionarios del Estado en “micro” y “macro” estafas es muchísimo dinero. Es el Congreso quien, en este caso, puede decidir hacer lo que corresponde y permitir limpiar Chile. ¡Que devuelvan la plata! Es el imperativo moral de decencia.
Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/que-devuelvan-la-plata-un-imperativo-moral-de-decencia/
.
