Por Raúl Pizarro Rivera

Un aparentemente inocuo fármaco adquirido en una farmacia común y corriente, repuso en el primer plano un delicado debate que, cual olas, viene y se va: el protagonismo en el tráfico de drogas por parte de autoridades de los Poderes del Estado, ello en medio del encumbrado y dinámico dominio del narcoterrorismo en el país.

El diputado Nelson Venegas (PS) debió renunciar a su membresía en la Comisión de Ética de la Corporación, porque el testeo aleatorio pero obligatorio anti-drogas le dio positivo. La culpa, según él, fue de Sentis, fármaco que le recetó su médico para reducir la obesidad.

Una investigación realizada por la ahora empresa del Gobierno CADEM/Plaza Pública, llegó a la conclusión que “el narco se acerca a las autoridades todo el tiempo: antes, durante y después del período electoral”.

A este rol de las autoridades en el tráfico de estupefacientes se le trata reducida y limitadamente al igual como al lobby político, siendo que éste se realiza en el día a día, con un café de por medio, en un restorán de buen nivel y hasta en la intimidad de una oficina. El que deba atenerse a una ley, y mal hecha, es casi un chiste.

En medio de la polvareda levantada por el positivo del diputado Venegas, un colega suyo expresó que “lo más grave no radica en que una persona, cualquiera sea el motivo, consuma droga, sino en los contactos de ella para adquirirla”. ¿Puede alguien suscribir leyes y abogar en contra de las redes narco, acaso recurre periódicamente a una para abastecerse?

Las marejadas de la droga mojan a un 55% de la población chilena, ya adicta, y que le da al país un record terrible: según el Servicio Nacional de Prevención (SENDA), nuestra juventud ocupa el primer lugar en América en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Ésta es la causa de que un 1,2 millones de alumnos que han desertado de la educación pública entre 2022 y 2023 estén hoy al servicio del muy rentable narcotráfico.

En un hecho sin precedentes en la historia de la educación pública, mil vacantes no se llenaron en los liceos tradicionales del país para el 2024. Se trata de los mismos establecimientos que antes eran los primeros en copar sus matrículas, y hoy, en su mayoría, destinados al acopio de bombas, elementos incendiarios y armas cortantes.

En uno de sus muchos videos con motivo de su campaña electoral, el hoy Presidente de la República se jactó de “haber sido” consumidor de marihuana, y lo mismo hizo su amigo de andanzas revolucionarias, y ex ministro de Estado, Giorgio Jakcson. Toda esta generación de oro de la refundación nacional y que ocupa cargos de Gobierno está bajo sospecha, dado sus comprobados malos hábitos.

También bajo sospecha se halla el rebelde juez Daniel Urrutia, quien autorizó que los capos de las bandas narco recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad pudiesen efectuar videos llamadas “¡porque la privación de libertad no involucra a las libertades personales¡”...Es el mismo que autorizó que un funeral narco ingresase a Santiago 1 para que sus “soldados” despidiesen los restos de su jefe.

Otro magistrado, Héctor Barraza, de Arica, entregó al defensor de una banda mafiosa venezolana la nómina de 50 testigos protegidos. Dos abogados fueron detenidos por intentar ingresar cocaína a la Penitenciaría de Santiago.

Gendarmería se desvela allanando celdas de las cárceles para “limpiarlas” de teléfonos móviles, porque desde ellos se manejan las organizaciones y bandas criminales.

La Cámara de Diputados realiza periódicamente test aleatorios anti-drogas a sus parlamentarios, luego de que esta medida fuera incorporada al reglamento interno en agosto de 2022. Quien da positivo debe permitir la revisión de sus cuentas bancarias para detectar el destino de pagos a proveedores.

Nelson Venegas, según él, es una víctima inocente: “voluntariamente me sometí al test, en los cuales anteriormente nunca di positivo”. Atribuyó su contratiempo a que se halla en tratamiento médico para bajar de peso mediante un medicamento que incluye anfetamina. Ésta es una droga que puede ser legal o ilegal, dependiendo acaso la prescribe un médico. Se utiliza para tratar problemas de obesidad, narcolepsia (mantenerse despierto) o trastorno de hiperactividad. Su uso puede conducir a la adicción.

Desde su puesta en marcha, hay diputadas que, sistemáticamente, se han negado a realizarse el test: Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardia (FA), Emilia Schneider (FA), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Lorena Fries (FA) y Marcela Riquelme (FA). Cinco de ellas presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado. Es un secreto a voces que un diputado dio positivo, incluso en la contramuestra, y que se ocultó su identidad y continúa en funciones, como si nada.

Hoy se desempeña como ministro de Estado un avezado político que, siendo senador, fue víctima de una mexicana, denominación vulgar que le dan los narcos a la quitada de droga. Una noche de junio de 2019, hallándose en el límite de Providencia y Ñuñoa, a las 23 horas fue despojado de su auto y de un millón de pesos en billetes que portaba en sus bolsillos. Por su estatus, concurrrió la PDI a socorrerlo, pero nunca lo interrogó acerca del origen del dinero y tampoco investigó el paradero del vehículo sustraído.

Este mismo personaje era „cliente frecuente‟ de la Municipalidad de San Ramón, aunque vivía en el otro extremo del Gran Santiago: “allá me es más fácil hacer mis papeleos” se justificó. El entonces alcalde de esa comuna, Ángel Aguilera, ex dirigente del PS, estuvo en prisión por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. El 60% de funcionarios de dicho municipio eran caudillos o miembros de bandas de traficantes.

A Arturo Barrios, actualmente uno de los vicepresidentes del PS, se le salió que “pacta con el narcotráfico”, ello para poder disponer de espacios en poblaciones donde trabajar con niños vulnerables, precisamente para evitar que caigan en la droga... El solo hecho de entenderse con narcos, por muy social que sea su excusa, no es una buena señal.

Al presentar el proyecto de un test aleatorio en la Cámara, la diputada Camila Flores (RN) manifestó, en la sala, que "las actitudes y acciones de algunos (colegas) me hacen concluir que más de uno consume droga", ello en alusión directa a Raúl Alarcón, entonces parlamentario Humanista, desde donde terminó siendo expulsado. Tras reconocer estar rehabilitado, el excéntrico Florcita Motuda comentó que la entrada en vigencia del control “tiene, en el fondo, un objetivo político, porque existe la creencia de que la gente de izquierda, por ser más libre (?), se mete cualquiera cosa a la boca”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Informes confidenciales aseguran que en la Cámara existe una bancada transversal de, al menos, 30 diputados que no están, ni estarán, dispuestos a votar por una legislación que “atente contra el derecho de la persona” a consumir sustancias prohibidas. Hasta el más elemental de los raciocinios apunta a que ése no es el problema, dada la libertad de cada cual de marchitar su existencia, como Flor Motuda. El conflicto radica en que, hoy, el país, y como nunca antes en la historia, hace frente al dominio de enormes bandas de narcotraficantes, y si alguien -porque el Gobierno no lo hace- se anima a adoptar acciones para eliminarlas, se topará con una valla infranqueable al más alto nivel. Ello, porque hay no pocas autoridades que están “al otro lado‟, esto es, del lado del millonario mercado de la droga.

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