Por Raúl Pizarro Rivera

El ‘teléfono rojo’ fue una línea directa de comunicación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, creada por ambos Gobiernos en 1963, en el marco de la Guerra Fría, y sigue vigente en la actualidad. El aparato, como tal, nunca existió, sino fue una denominación ideada por el periodismo, ya que, en rigor, era una línea de teletipo, https://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono_rojo y lejos de ser de color rojo.

Hoy, varios países poseen una vía de comunicación directa para emergencias, como Estados Unidos con China y Rusia e India con Pakistán…

En cambio, el teléfono móvil de Luis Edgardo Hermosilla Osorio (68), sí existe y tiene 700 mil páginas de mensajes. Millonario lobbysta judicial, amigo de Dios y del diablo, es (era) un abogado penalista con clientela top y transversal de jueces, empresarios y políticos de alto nivel y de los más diversos perfiles ideológicos.

Su aparato móvil de comunicación no es rojo ni ha evitado grandes conflictos, sino, por el contrario, está provocándolos. En un hecho impropio en un avezado jurista que jugaba con fuego y traficante de informaciones muy espinudas, parece increíble que su teléfono haya sido incautado por detectives, como parte de las indagaciones por haber recibido soplos del ex Director General de la PDI, hoy en prisión preventiva por ayudar a su amigo y antecesor y defendido profesionalmente por Hermosilla por malversación de fondos de la policía civil.

El gran captador de información privilegiada para favorecer a su clientela, fue cazado por una novata colega –ex funcionara del MINEDUC en el Gobierno de Bachelet- que, disimuladamente, lo grabó confesando el soborno a funcionarios del SII.

Por 23 años compartió oficina con el exministro Andrés Chadwick, de quien fue su asesor mientras ocupó la cartera de Interior, obteniendo, por dichos servicios, $ 253 millones. Su último estudio funcionaba en el mismo edificio propiedad y sede del agobiado Grupo Patio, de la familia Jalaff –creadora de la cadena de strip center-, y del cual él es (era) uno de sus abogados más influyentes.

Hermosilla está imputado por soborno y lavado de dinero, al involucrarse en una pugna de familias de la colectividad judía. Rodrigo Topelberg se peleó con Daniel Sauer -ex socios del factoring FACTOP- y la abogada de éste, Leonarda Villalobos, convocó a su famoso colega a una reunión/trampa para evadir una millonaria deuda de impuestos de su cliente Sauer.

Ella grabó el encuentro donde Hermosilla reveló el pago de coimas a funcionarios del SII, y el video se lo envió a la esposa de Topelberg, quien lo hizo público.

El gran cazador había sido cazado. Su imagen se desplomó y el impacto familiar fue tan demoledor, que, a principios de enero, desde su biografía en Wikipedia se eliminó lo concerniente a su situación conyugal.

Militante de las JJ.CC. mientras estudiaba en el Instituto Nacional, cambió de orientación -aparentemente- cuando en la Facultad de Derecho de la UC conoció a Jaime Guzmán y se hizo íntimo amigo de Andrés Chadwick, ex MAPU y por ese entonces miembro de la naciente UDI. Es el hijo mayor de Nurieldín Hermosilla Rumie, un tan requerido como controvertido penalista en los 70 y los 80.

En 1976 se hizo afín a la DC, pues como procurador, se desempeñó en el estudio de los penalistas Alfredo Etcheberry y Carlos Figueroa. En 1980 trabajó para la Vicaría de la Solidaridad, defendiendo a “los perseguidos por la dictadura” -entre ellos, a la familia Parada (PC) en el caso Degollados- y en 1999 apoyó la primera candidatura presidencial de Joaquín Lavín (UDI).

Litigó en contra del FMR (PC) por el asesinato de Jaime Guzmán; también lo hizo en favor de Claudio Spiniak, preso por comercio sexual infantil; defendió al entonces ejecutivo bancario Jorge Tocornal por la acusación de abuso de sus hijas y en pro del sacerdote John O’Reilly, demandado por alumnas del colegio Cumbre. Incluso, se involucró en casos de la farándula, como los de Iván Zamorano contra Eugenia Larraín y de Tonka Tomicic en su juicio por tráfico de relojes de oro.

También se hizo parte en los procesos por los falsos exonerados políticos; en el del asesinato del matrimonio Luchsinger/McKay; representó a SQM por el financiamiento ilegal a partidos e intervino en la especulación inmobiliaria del caso Caval, con la entonces nuera de Bachelet como protagonista.

Sus hijos están estrechamente ligados a Revolución Democrática, y de ahí que haya asumido la defensa de Miguel Crispi, el jefe de asesores del Presidente de la República por robos de dineros fiscales a través de Fundaciones brujas fomentadas por el Gobierno.

Aunque la investigación llevada por el Ministerio Público se realiza en estricto secreto, se sabe que la memoria del móvil de Leonarda Villalobos –la abogada espía- compromete a la actual Contralor General subrogante, Dorothy Pérez. A su vez, a partir del ‘descubrimiento’ en el teléfono de Hermosilla de las filtraciones impropias del desafectado Director General de la PDI, aquél pasó a ser la Caja de Pandora más ansiada por los chilenos, quienes, al fin, podrían confirmar sus antiguas sospechas de que en el país la Justicia está irreversiblemente agrietada.

Existe la convicción generalizada de que causas emblemáticas no avanzan, sino son intencionalmente retrasadas, como las que afectan a la frenteamplista Karina Oliva y a los comunistas Daniel Jadue e Irací Hassler. De los juicios por el fraude en las Fundaciones no parecen haber progresos, pese a la contundencia de las pruebas. Nuestra Justicia no amortiza, sino aumenta sus deudas por falta de credibilidad.

La ciudadanía aguarda que, al menos esta vez, no se repita el misterio sin resolver en que se transformaron los computadores y la caja de fondos del Ministerio del Desarrollo.

Profesionales penalistas defienden el derecho al secreto con sus clientes -tal como lo hizo Hermosilla en su primera asistencia a la Fiscalía- y el Colegio de Abogados se limitó a iniciar una burguesa “investigación de los hechos”. Sin embargo, a estas horas no deben ser pocos los nerviosos, inquietos y hasta asustados “mil contactos” del lobbysta judicial y que pueden aparecer en su muy nutrido WhatsApp, conociéndose públicamente sus involucramientos en situaciones comprometedoras y hasta ilícitas.

Aunque no en su propio teléfono, sino en el de su colega Villalobos, una sola revelación suya fue y es suficiente para que sea borrado, ojalá definitivamente, de la barra de abogados: se auto condenó, al reconocer que “lo que estamos haciendo (el soborno) es un delito”. A confesión de parte, relevo de pruebas, un aforismo que lo debe haber conocido en su primer día de clases.

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