Por Raúl Pizarro Rivera

No sólo parece, sino es una realidad la pobre visión que un número significativo de chilenos tiene acerca de los procesos eleccionarios. A muchos les incomoda movilizarse a los locales de votación y otros, simplemente, no están ‘ni ahí’, porque dicen aborrecer la política, un error tan antiguo como fruto de la ignorancia.

El voto, de acuerdo con la única definición universal existente, “es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia, pues, a través de él, los ciudadanos eligen sus candidatos a cargos de sufragio popular y, además, es el medio para la ejecución de todos los otros mecanismos de participación ciudadana instituidos por la Constitución respectiva”.

Como refuerzo a ello, reproducimos lo fallado por una jueza en cuyo tribunal se discutió un reclamo por ‘manejo’ de una elección: “todas las personas tienen derecho a un proceso electoral ordenado, democrático, libre de fraude y con accesibilidad general”.

Reflexiones quizás básicas, pero tremendamente oportunas para graficar la pillería de la izquierda gubernamental destinada a torcer la nariz a la Constitución y a la Ley de Elecciones, al resolver -primero- quitar la obligatoriedad de sufragar en los próximos comicios de alcaldes y gobernadores y, luego, de abaratar las multas por no concurrir a votar.

La razón de todo ello es el pavor de los partidos de Gobierno, y del propio Presidente de la República, a los eventuales resultados de los comicios de octubre, y ello consecuencia del, por meses, estable rechazo de la ciudadanía a la gestión del régimen ‘progresista’.

Aunque parezca reiterativo, es clave resaltar que mundialmente, Chile triplica a los demás países en su percepción de miedo por la total inseguridad en que vive su población. En el último sondeo de la encuestadora del Ministerio de Hacienda, el Mandatario registró un 31% de aprobación, lo que refleja que, durante año y medio, la adhesión a Gabriel Boric no supera la rigidez de su parcialidad ideológicamente leal. Para ahondar más sus inquietudes, la desaprobación a su gestión nunca ha bajado del 60%.

Tal nivel de rechazo es, incluso, superior entre los extranjeros con cinco o más años de residencia que entre los propios ciudadanos (chilenos), lo que indujo a parlamentarios de izquierda a anular la obligatoriedad del voto sólo a los inmigrantes legales avecindados en el país, una segregación para un proceso universal.

La visión de los extranjeros residentes sobre el Gobierno es crudamente más realista, por provenir todos de experiencias traumáticas en cuanto a violaciones democráticas. Sólo un 7% de ellos dice estar dispuesto a votar por Bachelet, cifra menor al 9% de chilenos que sí lo harían.

Para no aparecer violando la Constitución, Boric se vio forzado a vetar, pero “a la chilena”, tal acuerdo parlamentario. Regirá la obligatoriedad a los extranjeros residentes, pero para todos se rebaja la multa por no concurrencia a las urnas, dejándola a la misma altura de simples infracciones municipales, como no llevar botiquín o extintor, o lavar el auto en la calle.

En una incalificable maniobra de categorizar la condición de ciudadano, La Moneda también incluyó en su veto la exención a embarazadas y mayores de 60 años. Ante las críticas por tan burda discriminación, terminó por excluirla del texto, aduciendo “un error técnico”, sabiendo todos que se trató de una maniobra destinada a estimular la abstención entre partidarios de la oposición. Indigna que dos Poderes del Estado se hayan concertado para rebajar a la altura de la calle una ordenanza constitucional.

Desde que en abril de 2023 el Congreso acordase el retorno del voto obligatorio, las multas por no hacerlo pueden oscilar entre $ 400 mil y $ 33 mil, dependiendo del criterio del juez de Policía Local respectivo. El haber fijado un valor único mínimo es, simplemente, rebajar hasta la ordinariez el más preciado y trascendental acto de expresión ciudadana. Es gracias a esta instancia que una persona elige entre un honesto o un sinvergüenza u opta porque su vida la rija un demócrata o un totalitario demoledor de valores y bienestar, como es el caso específico de Chile hoy.

Las elecciones de octubre sí constituirán un juicio al Gobierno y el veto acomodado es una de las varias intervenciones que ya está ejecutando, tal como declararse pro ciudadanía en su imaginaria lucha contra el crimen organizado, sin combatirlo y ganando tiempo con anuncios largo placistas. Centenares de carabineros más saldrán a las calles en patrullajes preventivos, pero mientras no se les permita el uso de sus armas todo lo que diga y haga sobre la materia es sólo parte de la dialéctica de la extrema izquierda: un camarada no persigue a otro camarada.

Los pesimistas cálculos electorales del Gobierno los agudizan los resultados de la última votación por personas: la elección de consejeros constitucionales realizada el 7 de mayo de 2023.También con sufragio obligatorio, la oposición obtuvo 6.261.132 votos y el Gobierno, 3.680.104., ello con una mayoría de 34 consejeros de derecha por sobre los 16 ‘progresistas’. En dicha oportunidad, las representaciones de centristas y centroizquierdistas no lograron un solo escaño.

Si a estos antecedentes se les suma la información proporcionada por la mismísima encuestadora del Gobierno, en cuanto a que un 53% de los chilenos asegura que votará “en contra de sus candidatos, el escenario que se le avecina podría constituir el tercer gran golpe electoral que reciba en menos de tres años de gestión. El primero fue su aplastante derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 y, enseguida, la amplísima victoria de la derecha en la elección de consejeros el 7 de mayo de 2023.

Desde que asumiera, Boric ha insistido en mancillar la democracia, dejando en evidencia que un totalitario, al ser esterilizado por voluntad de la gente, se queda sin viabilidad en un sistema libertario pleno.

Con la ilusión de un voto obligatorio arreglado en favor de sus intereses, el Gobierno afrontará, en las urnas, el descontento general, la indignación vecinal y la impaciencia de millones que cuentan los días para que estos impostores de la política se manden cambiar y no continúen hundiendo al país.

Sí o sí, hay que concurrir a las urnas para afianzar otra gran victoria en favor de la democracia.

Votar para botarlos es el lema.

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