Por Raúl Pizarro Rivera

Justo en la víspera de su último cumpleaños de permanencia en La Moneda, éste, el peor Gobierno en la historia de Chile, vivió, quizás, el más simbólico episodio en su larga cadena de corrupción. La estafa fiscal de Maya Fernández, el ocultamiento de delitos por parte de Miguel Crispi y el tráfico de influencia de Karol Cariola, terminaron por derrumbar definitivamente el castillo de naipes de Gabriel Boric. Éste fue construido sobre la nada y, exclusivamente, para demoler todo lo sólido ya existente para preservar y asentar una democracia plena.

Administrativamente, la aventura revolucionaria de Boric, concluyó el 2024 con sus manos vacías, pero manchadas por las malas prácticas. A su castillo de naipes le quedaba muy poco para derrumbarse, y este desplome definitivo fue el peor de todos por arrastrar a tres personajes de este fallido Gobierno: Maya Fernández, todo un ícono allendista; Miguel Crispi, un íntimo amigo y confiable asesor del Presidente, y la sobre expuesto comunista Karol Cariola, primera presidenta “roja” de la Cámara de Diputados desde 1990.

En el ámbito laboral y político, con frecuencia se suelen construir castillos de naipes; estructuras que se observan elegantes, armónicas y simétricas, pero que, a la vez, son precarias: se desploman con facilidad.

Hacer castillos de naipes no requiere de inteligencia: solo basta repetir patrones. Exactamente esto fue lo que hizo esta generación de ineptos politiquitos de Centros de Alumnos que ofreció “hacer de nuevo” al país, y con el único modo que conocen: haciéndolo pedazos.

En su castillito de arena, la izquierda incluyó a delincuentes propios y ajenos: a los primeros no los combatió ni los combate y a los segundos, los ampara, aunque por la fragilidad de su construcción, varios de ellos también terminaron por caer, como Manuel Monsalve, Daniel Jadue y ahora la ex ministra de Defensa, el jefe de asesores de La Moneda y la presidenta de la Cámara de Diputados, quien, además, salpicó a la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Además de ellos, esperan juicio y sentencia los involucrados en las defraudaciones vía Fundaciones brujas, como la diputada Catalina Pérez (Democracia Viva) y el psiquiatra personal del Presidente, Alberto Larraín (ProCultura). De los 15 casos de defraudaciones al Fisco vía SEREMIS, sólo ha habido resoluciones judiciales, y parciales, en tres de ellos.

Tanta sinvergüenzura es consecuencia del castillito de naipes de Boric, bajo el cual se cobijaron decenas de miles de adherentes a una revolución prometida pero incumplida, y todos en el convencimiento de que el Estado les sería su caja pagadora a cambio de nada. Las cúpulas del marxismo jamás han vivido de su trabajo, en tanto el pueblo laborante esclavizado por ellas recibe cuotas mensuales de arroz y fideos para su sobrevivencia. Quien protesta, va preso.

Tan escalofriante escenario se venía para Chile con la elección de Boric, pero fue frenado por la ciudadanía con su monumental rechazo al proyecto de una Constitución estatista y totalitaria, en la cual figuraba, expresamente, la no persecución a los autores de delitos. O sea, se preparaba el camino para lo que, aunque repudiado, el Gobierno igual lo hace: la oficialización del delito.

El golpe más devastador para estos aventureros fue el negociado entre los herederos de Salvador Allende y el Estado para recibir mil millones de pesos fiscales y quedarse, igual, con la propiedad que fue del ex Mandatario. Su nieta Maya -hija de un agente secreto de Fidel Castro- renunció como titular de Defensa en la víspera de una acusación constitucional en su contra, y su tía y senadora Isabel Allende está a la espera de lo mismo, ya que el boricista Tribunal Constitucional no pudo darle una mano para ignorar la estafa.

Soberbio como su jefe y amigo íntimo suyo, Miguel Crispi renunció de urgencia antes de que la Contraloría le impusiese una multa por su negativa a declarar ante el Legislativo sobre los delitos cometidos por Manuel Monsalve. Este temido sociólogo frenteamplista manejó, además, los “olvidados” y numerosos robos a ministerios y la desaparición, desde la Fiscalía Nacional, de audios testimoniales de la participación de Daniel Jadue en los sobreprecios por la compra de luminarias públicas para Recoleta. El segundo piso de La Moneda era la gran Casa de Seguridad de este Gobierno.

Inoportuna y muy perjudicial resultó la idea de Bo Yang, un militante del PC chino bajo supervisión de su embajada en Santiago. En su calidad de “empresario” del bodegaje y de comida pekinesa -carne de tortuga- le pidió a su camarada presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, que hiciera pesar su cargo para obtener un beneficio al margen de la ley.

Para ayudarlo, Cariola implicó a la también comunista Irací Hassler, cuando ésta era alcaldesa de Santiago, para “solucionarle” un problema de patente a “mi amigo”, refiriéndose a Yang, “quien me ha ayudado mucho”.

La derrotada jefa comunal capitalina se comprometió a “averiguar” acerca del petitorio de su “querida Karito” y hasta quedaron en reunirse a cenar con el camarada chino, quien, a cambio, levantó un gigantesco árbol de Navidad frente a la sede municipal capitalina.

Yang figura en los registros del comunismo chileno como “Juan González”, su chapa política, reconocida como tal por el mismísimo Lautaro Carmona.

La Fiscalía abrió una investigación respecto de este tráfico de influencia, y la diputada se internó muchas horas antes del previsto parto de su hijo para evitar, así, que fuese notificada personalmente. Ella, como matrona de profesión, domina los tiempos en las pariciones, de tal modo que su treta no resultó y fue su pareja, el diputado PS Tomás de Rementería, quien, de madrugada, debió entregar el teléfono móvil de la parlamentaria a la policía. Su única defensa -porque carece de otra- fue su anuncio que recurrirá a la CIDH “por violar mis derechos humanos” (?).

La Justicia, al menos la chilena -y así lo aclaró el Fiscal Nacional-, sólo se rige por lo que le dicta la ley en sus notificaciones y la “crueldad” que denuncia el PC no pasó de ser una cortina de humo para aminorar su culpabilidad. Todo su show, casi infantil, surgió porque teme ver afectada su candidatura al Senado por Valparaíso. Incluso, le están investigando los aportes a su campaña anterior.

La investigación legal en su contra seguirá su curso, pero ella no continuará en la testera de la Cámara: al margen de su forzada ausencia por posnatal, el período de la actual mesa expira en veinte días. Un alivio para Chile y para la democracia.

SI TE GUSTÓ, COMPÁRTELO

.