Por Raúl Pizarro Rivera

La perenne liviandad del juicio público hará que el autorevelado, aunque conocido, romance de la precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se considere como algo meramente romántico, digno de alguna teleserie y un plato generoso para los futuristas del tarot.

El vínculo sentimental entre ambos surgió a fines de 2022, lo que coincidió con el brusco cambio de look y vestuario de la entonces flamante ministra del Interior: del chaleco y la falda, pasó a elegantes y muy vistosas tenidas de alto costo. Como diría un viejo zorro de la ruralidad, “se aseñoró”.

La revelación del romance por parte de ella, que era conocido no sólo en el ámbito político e incluso con algunas breves interferencias, no es una cuestión simplemente sentimental, sino una evidencia de las muchas irregularidades en que, por formación, ha incurrido e incurre este Gobierno, aferrado, siempre, a oscuros propósitos. ¿Qué grado de beneficios pudo haber obtenido Interior de parte de Hacienda? En el último Presupuesto General, las partidas para Interior, ¿habrán sido puramente técnicas? ¿Por qué Hacienda jamás ha reclamado por el desfalco de los gastos reservados desde la Subsecretaría de Interior, entonces en manos del violador Manuel Monsalve?

Trasladada la relación sentimental al actual plano electoral, obviamente que Tohá corre con ventajas por sobre sus adversarios para la primaria de la izquierda. Al menos en materia económica, ella sabrá de primera fuente lo que puede prometer y lo que debe callar. A la almohada común llegarán fáciles los secretos del Comité Político de La Moneda, del cual Marcel forma parte.

En marzo pasado, cual Mesías de estos tiempos, Gabriel Boric reunió a sus ministros y les dijo “id por el país, predicando mis obras”. Al margen del aprovechamiento de los trabajadores formales para hacer solidaridad con un “seguro social” que va en directo beneficio de los vagos, sus otras medallas olímpicas son la rebaja a 40 horas de la jornada laboral -menos producción- y la creación de una Isapre -anunciada su desaparición el 2022 por él mismo- al interior de una salud pública que se cae a pedazos por el reajuste de las cotizaciones, por las listas de espera, por las millonarias deudas con proveedores y por la carencia de medicamentos y recursos en los hospitales.

El vínculo sentimental de la ex ministra hasta podría interpretarse como un decantador del tremendo peso electoral que significa haber sido protagonista clave de este Gobierno y, para peor, haber fracasado estrepitosamente en su gestión. Un 86% de la población quiere, a como dé lugar, que se ponga fin a la delincuencia sin control y al crimen organizado en todas sus formas, y un 84% aboga por terminar con la inmigración ilegal: un venezolano indocumentado, con dos descuartizamientos de su autoría, vivió seis años en Chile sin que nadie, nunca, lo investigase, ni menos persiguiese. El flamante ministro de Seguridad, Luis Cordero, y el Delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Duarte, se encargaron de evidenciar públicamente que no hay solución para las ‘Calles con Violencia’. Visiblemente menos prepotente, Cordero reconoció que “no habrá solución a los problemas económicos de la gente sin antes poner fin al crimen organizado”, una fatalista advertencia, incluso, para los candidatos de la izquierda. Su revelación la hizo con pruebas al canto: invirtió millones en despliegue de carabineros para proteger a dos funerales de narcos, en tanto no hay un solo funcionario para innumerables barrios y poblaciones dominadas por las bandas delictuales.

Gonzalo Duarte -alcalde de Independencia para el secuestro en dicha comuna del asesinado militar venezolano Ronald Ojeda- reafirmó el total fracaso de Tohá en la seguridad interior del país, al decir que “no toleraremos que el crimen organizado siga avanzando”: sin querer, nos imaginamos, reconoció que la delincuencia ha continuado en aumento por no ser combatida como lo establece, y lo ordena, la Constitución. Los policías que utilizan sus armas, y eliminan a delincuentes, lo hacen en defensa propia, porque el Gobierno les tiene prohibido que disparen para proteger a la población. Incluso, el Senado acaba de despachar una ley sobre “la proporcionalidad en el uso de la fuerza”, un antiguo anhelo del propio presidente, del FA, del PC y del INDH. Hace poco, tres carros policiales colisionaron en cadena, quedando heridos tres funcionarios, al perseguir a un delincuente en fuga: tienen instrucciones de no interceptar ni utilizar sus armas contra los malhechores que huyen: ésta es la seguridad que garantizó Tohá.

Tanto engaño es sólo comparable al de su pareja, quien engatusa casi diariamente al país con su “responsabilidad fiscal”. De tenerla, ya habría eliminado, al menos, a parte de los 100 mil “funcionarios públicos” que, sin concursos ni currículos, y menos sin oficinas donde instalarse, incorporó este Gobierno. Hay un “servidor público” por cada 5 habitantes, en tanto, Estados Unidos -algo más grande que Chile- dispone de uno por cada 16.

El IVA que hasta los más vulnerables pagan por medio kilo de pan, Marcel se lo gasta en las Fundaciones brujas, como ProCultura, creada por el psiquiatra personal del Presidente para “ayudar a la comunidad”, la cual nunca vio un peso de esos fondos fiscales. Cuando Boric asumió (2022), le reajustó de $ 300 millones a $ 3 mil millones los aportes públicos para tan noble causa. Democracia Viva, con dos autores privados de libertad y una diputada, Catalina Pérez, desaforada, con su desfalco de $ 460 millones es la nada misma al lado de lo recibido por el médico benefactor Alberto Larraín, un ex DC y ahora vinculado al Frente Amplio.

Pero, el saqueo a la caja fiscal suma y sigue: la Asociación de funcionarios del Ministerio de las Culturas denunció ante la Contraloría General de la República licitaciones fraudulentas para favorecer a proveedores afines y dejar fuera (a dedo) a otros que habían cumplido satisfactoriamente con su postulación, todo ello en el marco de talleres ‘rascas’ y muy poco culturales con una defraudación de $ 300 millones.

Dichos fondos se destinaron a desarrollar los glúteos y a aprender pasos de cumbia.

Premio de consuelo podría llamársele a esta otra ‘paleteada’ de Hacienda: tras la forzada “anulación” de la fraudulenta compraventa de la residencia que fuera de Salvador Allende por parte de su hija Isabel y de su nieta Maya, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (SERPAT) transfirió $ 98.156.000 a la Fundación que lleva el nombre del suicidado Mandatario, ello para “su funcionamiento general”. Tan gigantesca suma de recursos de todos los chilenos se destinará a la administración contable, además del pago de sueldos a sus 6 funcionarios, entre ellos, la hija de la destituida senadora PS, Marcia Tambutti. Estos aportes se suman a los $ 197.298.248 que el Fisco le ha transferido durante la administración Boric a la Fundación de las Allende!

La guinda a la torta de tan escandalosa y desastrosa gestión presidencial, la acaba de poner un arbitrario informe de una poco neutral Comisión por la Paz creada por Boric para la Macrozona. De partida un influyente comisionado piñerista advirtió que “la propuesta hecha al Gobierno nada tiene que ver con la violencia, porque eso es algo distinto” (¡¡!!): omite que el terrorismo en La Araucanía tuvo su origen en la promesa de Patricio Aylwin a grupos mapuches de recuperar tierras ancestrales. En 1994, la entonces secretaria general del PC, Gladys Marín, viajó al sur a organizar a las comunidades indígenas “porque la izquierda es la única capaz de generar su autonomía”.

Con la posterior creación de la CAM (Coordinadora Arauco/Malleco) se inició la lucha armada que se mantiene hasta hoy, y se mantendrá según la afirmación, en días pasados, de Héctor Llaitul desde la cárcel de Concepción.

La histórica demanda de devolución de tierras fue desnaturalizada por esta Comisión de Paz, al plantear “alternativas”: quien no quiera recibir terrenos de vuelta, puede optar por créditos hipotecarios, pagos de educación y libre uso del dinero recibido, incluso, si desea, puede arrendarlo…y, así, no trabajarlo.

La original, entendible y justa demanda por recuperar tierras ancestrales, esta Comisión la convirtió en simples transacciones de libre mercado.

Lo peor, y lo inaceptable, es que la Comisión le propuso al Gobierno, la “autogestión” de las comunidades mapuches”, esto es, su soberanía territorial, una copia casi textual de la propuesta de la Convención Constitucional rechazada por 8 millones de ciudadanos. Éstos de hoy, como los del 2022, persisten en fraccionar el territorio nacional y dar tierras soberanas a grupos étnicos. O sea, ya no seremos todos chilenos, como lo proclamó en 1814 Bernardo O’Higgins.

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