Por Raúl Pizarro Rivera

El (ex) Ministro de Hacienda del Gobierno anterior, Ignacio Briones (EVOPOLI), casi anecdóticamente reveló una experiencia con el entonces Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la que retrata claramente y sin contrapesos, el “dejar hacer” que por muchos años ha imperado en la administración pública.

A raíz de la abrupta cesantía originada por la pandemia del covid, Hacienda creó un bono solidario llamado de “clase media” por $500 mil para ir en ayuda del alto número de trabajadores de dicha escala social que quedó cesante. Tal beneficio lo cobraron -no correspondiéndoles- aproximadamente 40 mil funcionarios públicos, que estaban con empleo y con sus salarios intocados.

A raíz de ello -cuenta Briones- habló personalmente con Bermúdez para que esos funcionarios devolvieran el dinero y que de no ocurrir ello, le solicitó, en su calidad de Contralor General, que les abriera un sumario. “No -le respondió- porque eso terminaría con su exoneración del cargo y yo no estoy para echar gente”.

Bermúdez es el mismo que intentó echar de la Contraloría a la entonces subcontralora y ex mano derecha suya, Dorothy Pérez, por tener “una visión muy distinta” a la suya en cuanto al manejo de la más importante instancia fiscalizadora del país. Ella se defendió ante la Corte Suprema y su jefe debió reintegrarla.

Ahora, como su sucesora, Pérez acaba de darle un potente golpe al permanente desprestigio de la administración pública, aunque con una novedad: nunca antes 25 mil funcionarios públicos fueron sorprendidos ejecutando idéntico delito y durante dos años consecutivos, 2023/24: el simulacro de enfermedades para hacer mal uso de licencias médicas.

De acuerdo al registro de fraudes descubiertos por la Contraloría General, el mayor número de delitos lo tienen las Municipalidades, seguidas por el Gobierno Central y por las universidades estatales. Un ejemplo en éstas: Elisa Loncón, ex presidenta de la súper derrotada Convención Constitucional (2022), faltó un año completo, y con goce de sueldo, a sus clases en la Facultad de Humanidades de la USACh.

Entre los servicios del Estado, el mayor número de engaños lo tienen la JUNJI -Junta Nacional de Jardines Infantiles- y la Fundación Integra, la que, con dineros de todos los chilenos, sarcásticamente se dedica a ofrecer “educación parvularia gratuita de calidad”.

La máxima autoridad fiscalizadora del país dirige personalmente los sumarios a que serán sometidos todos los infractores. Su iniciativa le ha significado múltiples elogios por correr un velo que, por décadas, ocultó éste y muchas otras inmoralidades en la administración pública.

No obstante, y hay que decirlo, Dorothy Pérez, toda una estrella por estos días, hizo vista gorda al no detectar impedimentos en la fraudulenta tramitación de la venta de la residencia que fuera de Salvador Allende.

La misma e inconcebible vista gorda -intencionalmente no querer ver ni menos denunciar una acción indebida- hizo el Presidente de la República en tal sonado fraude de las parientes Allende y, mucho más reciente, en dos viajes al exterior, estando con licencia médica, que hiciera su cuñada Fiona Bonatti, periodista que trabajaba en Comunicaciones en La Moneda, casada con Simón, hermano del Jefe de Estado.

En este caso puntual y dada la intimidad familiar, cuesta entender que Boric nunca se haya informado del par de viajes de su cuñada no estando de vacaciones y con qué finalidad. Dicha situación resulta tan inverosímil como la versión oficial de que él nada tiene que ver con Alberto Larraín, gran amigo suyo y ocasionalmente su psiquiatra personal, el defraudador de más de $ 6 mil millones destinados a “obras comunitarias” que nunca se llevaron a cabo por su Fundación ProCultura.

Una de las más escandalosas vistas gordas que poco se recuerda fue la concretada por el mismísimo Contralor General, entonces Jorge Bermúdez, al no impedir la violación constitucional en que incurrió Boric siendo ya Presidente, al hacer personal y públicamente propaganda callejera en favor del proyecto marxista de la Convención Constitucional, dirigida por Marcos Barraza. Éste, hoy, también se halla sumariado por abandonar con licencia médica falsa su cargo de “comisario” en la Municipalidad de Santiago para asistir a un congreso internacional del comunismo en Ciudad de México.

También, y muy rápidamente, renunció a su alto cargo en la Superintendencia de Salud una hermana de Manuel Monsalve, la enfermera Carmen Monsalve Benavides, con un sueldo de $ 11 millones mensuales; lo hizo, al igual que todos quienes optaron por la dimisión al cargo, para, así, mantenerse en la planta de la administración pública.

Lamentablemente, no será sumariada la enorme cantidad de responsables de fiscalizar en cada una de las reparticiones públicas. No se entiende que los jefes directos de los autores del ilícito de mal usar licencias médicas no conociesen las causas de sus ausencias y sus “enfermedades”. Cada servicio y cada departamento debe ser el primero y más riguroso fiscalizador. Pero… ¡no lo hacen!, y ello para no abortar una antiquísima mala costumbre.

En medio de las indagaciones de los delitos en que incurrió el ex Subsecretario del Interior, se descubrió el intento, tanto del Presidente Boric como de su ministra del Interior, Carolina Tohá, de mantener bajo secreto su censurable conducta hasta que no fuese formalizado: lleva ocho meses en prisión preventiva esperando serlo.

De no haberse conocido su horrible proceder, hasta podría seguir siendo hoy el dueño de la seguridad del país (¡¡!!).

Miguel Crispi, ex jefe de asesores de la Presidencia y de conversación diaria con el Mandatario, estaba al tanto, en 2023, de las defraudaciones de las Fundaciones brujas a través de SEREMIS y Gobernaciones, y su grado de influencia llegó al extremo que de las 15 querellas interpuestas por el CDE, a la fecha apenas hay “novedades” en sólo cuatro de ellas.

Esta acción sin precedentes asumida por Dorothy Pérez, debiesen extenderse a las víctimas de tanta trampa, y no sólo en el ámbito de la salud, en el cual muchas licencias con motivos realmente válidos, son negadas o rechazadas y no devueltos los fondos invertidos por los pacientes.

En el caso puntual de estas licencias falsas y su correspondiente mal uso, es asombroso el número de quienes las solicitaron hasta ¡por más de un año! para instalarse en el extranjero y seguir recibiendo íntegra la remuneración fiscal. En estos casos de “enfermedades de larga duración”, el servicio respectivo debió contratar a personal de reemplazo por igual período, aumentando el despojo a la caja pública.

La gran incógnita acerca del destino de estos delincuentes es que, por los tradicionales tiempos que toman los sumarios, la mayoría de ellos no recibirá sanciones en el breve tiempo que le resta a este Gobierno para que pueda sumarlo a su gran legado.

Sí algo hay que ya está muy claro es precisamente su legado: será el más sórdido y corrupto de nuestra historia presidencial.

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