Por Raúl Pizarro Rivera

Según explica la Real Academia de la Lengua Española, el cafichismo describe a una persona que vive a costa de otra, sin trabajar o esforzarse. El término tiene origen en el lunfardo argentino y se ha incorporado al lenguaje coloquial chileno con un significado peyorativo.

Si tal definición se traslada al increíble número de candidatos que postulan al Senado y a la Cámara de Diputados para las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre, se concluye que en el país más que abundar, sobran los cafiches interesados en vivir a expensas del dinero del resto de la población laborante.

Para reemplazar a los 25 senadores que se renuevan en la Cámara Alta, son 127 los inscritos, esto es, por un solo cupo hay más de 6 interesados, y en tanto para los155 escaños de diputados son casi 700 los que aspiran a instalarse en ellos. En ambas circunstancias, el objetivo es común: servirse de los fondos fiscales que sólo son posible gracias al aporte de los impuestos y de las contribuciones que pagan trabajadores y propietarios.

Las rentas parlamentarias, curiosamente llamadas dietas, son súper desproporcionales a la correspondiente producción laboral y, menos aún, al nivel académico de sus beneficiados. Este dato, aparentemente anecdótico, explica el por qué la ciudadanía tiene al Congreso Nacional sumido en la peor calificación entre todas las instituciones públicas del país.

El denominador común de las proclamas de las actuales candidaturas es “el servicio en bien de Chile”, un lugar común irreal y manoseado, y ello en medio de postulantes que por vergüenza no debieran ni circular por las calles: para uno, la Fiscalía pide 18 años de cárcel y otro fue desaforado por una Corte de Apelaciones. A éstos se suman algunos que participaron en el Golpe de Estado de 2019 y en la Convención Constitucional de 2022, la que ¡acordó poner fin al Senado de la República! Incluso, ahora postula quien fuera su presidenta y que como profesora cobró un año completo sin haber hecho una sola clase en una universidad estatal.

Una de las grandes causas, si no la peor, del progresivo derrumbe cultural y del deterioro del conocimiento en la población, es la ‘intervención’ en la enseñanza empujada por el PC, precisamente para “lavar mentes”.

En los 90, cuando el comunismo se reinsertó en la constitucionalidad, llevó 9 candidatos al Parlamento: ¡ahora presenta a 28! Los votos los ha ido aumentando en proporción a su permeabilización de la educación en todos los niveles.

Esta táctica de más ideologización y menos instrucción, queda en dramática evidencia en la condición para postular al Congreso: ¡tener sólo cuarto medio rendido! A un profesional universitario que comienza su vida laboral con salarios que no superan los $ 2 millones, se le exige casi para partir un magister y dominar el idioma inglés.

Un diputado gana $ 7.4 millones al mes, más el pago de combustible para su auto, viajes a sus distritos, comida gratuita en días de sesiones y la cancelación de honorarios a sus asesores. Éstos son variopintos y supuestos expertos en temas que el parlamentario ignora.

Para los trabajadores chilenos que, por cualquiera sea la razón, ni siquiera llegan a cuarto medio -48.000 el 2024, 18 mil más que el año anterior-, sus posibilidades salariales se remiten a $ 500 mil mensuales. Debe ser lo que Jeannette Jara, el PC, el Frente Amplio y el PS llaman “justicia social”.

La ambición de vivir perpetuamente a costa del Fisco queda al desnudo con dos datos estadísticos. Al 2019, los diputados con más tiempo en ejercicio eran José Miguel Ortiz (DC) y René Manuel García (RN), pues habían permanecido ininterrumpidamente en sus cargos desde 1990. A su vez, Andrés Zaldívar (DC) fue senador en tres períodos: marzo/septiembre de 1973, de 1990 a 2006 y de 2010 a 2018.

Más que vergonzoso, digno de miserables, resultan los varios casos de candidatos que se cambiaron de listas o recibieron salvavidas de otros partidos para obtener una plaza de postulación, y también va por escaños de diputados una decena de “rostros” de la TV, el vodevil y de la farándula, supuestamente populares gracias a las redes sociales. Uno de ellos es un animador que de la noche a la mañana se quedó sin radio ni pantalla donde se ganaba la vida.

Hasta los 60, ser Ministro de Estado, juez de la República o parlamentario era motivo de respeto y hasta de admiración, porque no cualquier mala catadura llegaba, como hoy, a tales puestos. Todos de cuello y corbata, los parlamentarios de antaño eran brillantes y didácticos: nadie caía en la vergüenza de tener que leer su voto, y en su mayoría eran, simultáneamente, académicos de universidades. ¡Vivían de sus profesiones!

Aunque parlamentariamente este estilo de servirse de los recursos del Estado no es novedoso, con el ascenso de este Gobierno se desmadraron los casos de individuos, con suerte alfabetos, que descubrieron que mantenerse a expensas del Fisco era lo mejor que les podía pasar en sus vidas.

Sólo para refrescar la memoria: siendo ambos diputados, Gabriel Boric y Giorgio Jackson presentaron un proyecto para rebajar las dietas parlamentarias y el sueldo de Jefe de Estado. Una vez en el poder, nunca más hablaron del tema.

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