Por Raúl Pizarro Rivera
Al cada vez menos voceado legado (¿o forado?) del único barrista de la UC que concurre al estadio con su hija de mes y medio, Gabriel Boric tendrá que sumarle, ahora, el inédito e inaudito hecho de que, en las próximas elecciones presidencial y parlamentaria, habrá dos tipos de votos, uno obligatorio y otro voluntario.
A este inédito acuerdo llegó el Congreso Nacional para eludir la pretensión presidencial de que no hubiese multas por no sufragar y que los inmigrantes legales no tuvieran esta vez el derecho a hacerlo.
Dada su desprestigio y fragmentación, la izquierda, con algunas excepciones -como el senador y médico Juan Luis Castro- pujaba para que a las urnas concurriese el menor número de votantes y, así, aminorar los temidos sufragios de castigo.
Por años, entre académicos de Derecho ha subsistido la polémica acaso el sufragio es un derecho o una obligación.
Incluso, hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) se introdujo en el debate, al afirmar que “los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana". Agrega la OMS que “estas circunstancias tienen un efecto, positivo o negativo en la salud tanto individual como colectiva, entendiendo que la salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino que incluye el bienestar físico, mental y social”. Más claro, imposible: nuestra población está enferma de angustia y de temor por culpa directa del Gobierno en ejercicio.
Dado lo anterior, se deduce que, al menos esta vez, el voto será “más fuerte que una bala”, como lo escribiese Abraham Lincoln. Al Gobierno de Boric le interesaba la libertad de acción, dado un ejemplo muy revelador: en la víspera de la primera vuelta el 2021 había casi un 30% de ciudadanos desinteresados en votar, en cambio en estos momentos, ese número se reduce apenas a un 8%. A ello debe agregarse otro dato no menor: ahora son los venezolanos residentes (legales) los que constituyen la comunidad extranjera más numerosa en el país. Son los mismos que, coincidentemente, huyeron del chavismo.
Boric, sus ministros, sus partidos y sus parlamentarios saben que tienen perdida la Presidencial. Por lo mismo, la madre de las batallas será la elección parlamentaria, porque no habrá cambios, avances ni progreso con un Mandatario distinto, pero carente de mayoría legislativa.
El voto es “la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una sociedad democrática y debemos usarla”, dijo John Lewis, líder de la igualdad de derechos en el Estado de Georgia, igualdad que no ha existido en este Gobierno que sólo ha privilegiado y fortalecido económicamente a su casta de amigotes tan ineptos y corruptos como él: antes, nunca otro Mandatario utilizó fondos estatales de la Presidencia para financiar la compra de una casa propia, como él en San Miguel.
“No es suficiente solo querer un cambio... ¡Debes ir y hacer el cambio a través del voto!" proclamó una afamada cantante de música country, Taylor Swift. Ese es el objetivo de la próxima elección: materializar un cambio radical de conducta, de autoridad, de seriedad y desplazar de todo poder de decisión a quienes se dicen demócratas y en dos ocasiones muy recientes quisieron demoler las libertades de los chilenos.
El pesimismo de estos defraudadores se explica por la repetición de una experiencia similar que ya vivieron: la masiva reacción de la gente ante una amenaza marxista. Tienen muy presente que todavía con voto voluntario, más de 13 millones de personas sufragaron el domingo 4 de septiembre de 2022, y 8 millones votaron en contra de una Constitución marxista. Para profundizar sus angustias, con el retorno del voto obligatorio, en 2022, en el primer acto electoral con dicho sello -los comicios regionales y comunales de octubre de 2024-, un 84,9% del padrón asistió a las urnas, un registro sin precedentes.
Más que nunca, el sufragar en noviembre será mucho más que un voto obligatorio o voluntario: será un deber moral de repudio a la deshonestidad, a la ineptitud y al total abandono de la ciudadanía, dejada a su suerte ante la delincuencia.
Siguen apareciendo pruebas de que la izquierda debe quedar sin poder de decisión en el Congreso: la abogada de La Moneda que redactó el contrato de la transacción fraudulenta de la residencia de Salvador Allende confesó a la Justicia no saber que existía un impedimento constitucional; el ministro de Vivienda tiene endeudada a su cartera por una triangulación con BancoEstado y contratistas adherentes al Gobierno; dos figuras claves para La Moneda ya renunciaron para salvarse de las futuras acusaciones y denuncias legales que se vienen; varios ministerios están dilatando millonarios pagos a sus proveedores, anunciándoles que “quedan para el próximo año”; el Fisco ya tiene una deuda de US$ 150.000 millones; en el 51% de los hogares hay deudas y subió de 5 a 30 el porcentaje del sueldo que se destina a amortizarlas mes a mes; 500.000 mujeres en situación de trabajo están cesantes; con el consiguiente perjuicio a sus usuarios, las paralizaciones del Metro son cotidianas porque carece de fondos para mantención del material; hace 5 meses que funcionaba en la Cancillería una oficina de campaña de Bachelet para la ONU, postulación recién revelada a fines de septiembre y cuyos viajes de promoción ya se iniciaron con cargo a los fondos de todos los ciudadanos, y después de 30 años, Hacienda ignoró en la Ley de Presupuesto la glosa de fondos de libre disposición para el próximo Gobierno, lo que revela una ilimitada mala clase. Todo ello en medio de tribunales solidarios por el aplazamiento de juicios que involucran al Presidente y que rehúsan enviar a la cárcel a los delincuentes.
Si alguien tiene dudas de tanto desprecio por la ciudadanía, es cuestión de informarse del último ‘numerito’ del ex ministro de Justicia (?), hoy de Seguridad, que ordenó esconder el 2024 la aparición de una “desaparecida” -fusilada y echada a un río-, cuya hija, por años, ha cobrado una pensión vitalicia financiada por todos los chilenos.
Son demasiadas las pruebas para no tomar razón de que el voto es un deber moral que hay que hacer valer en repudio a los ilimitados abusos de este Gobierno.
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