Por Raúl Pizarro Rivera.

 Nuestro Poder Judicial no cuenta con un ente externo de fiscalización directa (como la Contraloría al Ejecutivo), y ello por el principio de la independencia de los tribunales.  Pero, ¡qué maravilla!, tiene, eso sí, “mecanismos internos de autocontrol”, los que, al parecer, son insuficientes dado el desprestigio de la Justicia ante la ciudadanía.

Como un exclusivo rol, la Corte Suprema es la única que puede “fiscalizar las sentencias”, lo que no parece muy frecuente, dado el llamado que hiciera el 2022 el entonces presidente de ese organismo, Guillermo Silva, en cuanto a que “no puede ser miembro del Poder Judicial un magistrado que en sus fallos no se  ciña a los códigos y a las leyes”. Muy pocos escucharon su llamado; por el contrario, actúan al revés.

Las sentencias judiciales solo pueden ser revisadas por los tribunales superiores mediante recursos legales (apelación y casación), pero nunca por el Ejecutivo o el Legislativo. ¿Para qué?, si son éstos los que proponen y aprueban o rechazan a los “supremos”. Es el eterno cuoteo político.

Este clima de secretismo acaba de echarlo por tierra una minuciosa investigación que abarcó una década sobre sentencias de casos criminales hecha por la Universidad San Sebastián. Tal indagación demostró que en dicho período de tiempo, el 58% de procesos criminales quedaron en la impunidad y que sólo 3 de cada 10 juicios tuvieron una sentencia condenatoria, en tanto el resto quedó en la impunidad.

Dicho estudio académico abre una tremenda interrogante respecto de por qué pasa esto, pero la respuesta la dio el mismísimo Gabriel Boric: siendo dirigente revolucionario universitario, dijo que  “el lumpen se une a nuestra lucha en forma espontánea porque nada tiene que perder”. Más claro, imposible: el mundo del hampa forma un solo bloque con las “fuerzas progresistas” que quieren hacer “otro Chile”, y ello en sintonía con jueces también revolucionarios que en su etapa educacional fueron adoctrinados por líderes comunistas con asentamientos en liceos y universidades.

Si alguien duda de este ensamble espontáneo de delincuencia y extrema izquierda, lo convencerá lo ocurrido en el lapso entre las dos últimas vueltas presidenciales: con la finalidad de no dañar la opción de Jeannette Jara (PC), en dicho período no hubo una sola balacera callejera ni contra algún objetivo en particular. Concluida la elección se reanudaron.

Para mayor abundancia, en la actualidad se calculan en 30 mil los delincuentes que, con o sin condenas pendientes, andan libres por las calles, y son 175 los prófugos de la Justicia a quienes se les perdió el rastro.

Con cifras tan expresivas, es fácil explicarse el ambiente de relajada solidaridad política existente en el Poder Judicial.

El reciente caso de la ministra Ximena Linconao, agredida física y verbalmente tras inaugurar el año académico en la  Universidad Austral, es el ejemplo más fresco de la complicidad judicial. La encerrona en su contra, con pleno conocimiento del rector, militante socialista revolucionario verde, demuestra que el juez dejó en libertad a tres de los “niños’ que la acosaron “porque fue pura ciencia ficción del Gobierno”.

En enero pasado, una fiscal regional pidió condenar a perpetuidad a un pajarón campesino que quemó su precaria vivienda al hacer el almuerzo, atribuyéndole la desaparición de Penco y Lirquén y la muerte de decenas de sus habitantes. Los reales autores, a kilómetros de distancia, fueron cuatro muchachones con mochila, quienes además atacaron a balazos a bomberos para que dejasen de apagar las llamas: nunca se les ha investigado ni menos buscado, porque, claramente, son “compañeros”.

Como si nada, continúa en su cargo doña Irene Rodríguez, la jueza que liberó a un sicario colombiano afiliado a la guerrilla de su país.

Pese a su histriónica promesa del “caiga quien caiga” en junio de 2023, Gabriel Boric satisfizo su deseo de que durante su Gobierno ninguno de los pillines suyos sería condenado. He aquí algunos ejemplos:

• Cuando se conocería la condena en contra de la desaforada diputada Catalina Pérez (FA), un tribunal la “dejó para abril de 2026” y resulta que tal fecha ya se la llevó el calendario.
• Un juez ordenó al Conservador de Santiago inscribir una transferencia fraudulenta resuelta por la ex alcaldesa Irací Hassler (PC), incluso sin su firma ni la cédula de identidad.
• Una magistrada levantó el arresto domiciliario total de Daniel Jadue (PC) porque el encierro “lo estaba trastornando” y porque “le salió un trabajo durante el día” ¡¡!!.
• Se han llevado con el mayor sigilo (sin presencia de la prensa) las audiencias de cargos contra Karol Cariola (PC) por ayudar a un miembro de la mafia china que abastecía de ropa falsa a los comerciantes ambulantes.
• La Corte de Apelaciones determinó que debía seguir libre Alberto Larraín (FA), acusado de fraude al Fisco y de apropiación indebida de $1.600 millones que le traspasó la Gobernación de Santiago.
• Días antes de que se iniciara el juicio en contra de Manuel Monsalve, acusado de violación y apropiación de fondos fiscales, el fiscal acusador -con una hija funcionaria del Gobierno de Boric- pidió plazos extras por haber “diligencias pendientes” (¿?).
• En el más absoluto secreto se halla el juicio en contra de Sofía González (PC), ex delegada presidencial de Valparaíso por apropiarse de $856 millones de fondos fiscales destinados a la reconstrucción del mega incendio de Viña Alto.
• El magistrado Antonio Urrutia, reconocido extremista de izquierda, dicta fallos tan arbitrarios que son mayoritariamente corregidos por tribunales superiores. Autorizó, por ejemplo, el uso de videollamadas a los presos de la cárcel de Alta Seguridad. Ha sido frecuentemente sancionado, pero -por algo- no sale del Poder Judicial.

Estos y muchos más son los casos dignos de investigación por este antiguo y silencioso pacto izquierda/tribunales, pero quienes dicen ser devotos de las investigaciones y los reportajes a fondo, al menos en esta materia, prefieren sentarse sobre la objetividad y pisotear la ética profesional.

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