Marcela Valeria Arroyo Matteucci
Abogado

Chile vive una tiranía sanitaria inédita, amparada por un estado de excepción constitucional, cuyo objetivo debiera ser el restablecimiento de la normalidad, pero que ha sido utilizado para encubrir la imposición de una “Nueva Normalidad”. En la cual el Gobierno nos expropió la Libertad -siendo la más evidente la de locomoción y reunión-, la Propiedad sobre el trabajo y desarrollo de una actividad económica, y la Vida misma en su función vital de respirar lo suficiente para sostenerla.

Somos testigos del accionar más deleznable del Estado a través de sus agentes y ciudadanos inducidos a la delación con delirios de tales: persiguiendo personas en parques o playas desiertas; deteniendo otras en momentos sublimes de su vida -como es el sacramento matrimonial- con denostación pública; vulnerando la garantía constitucional de la inviolabilidad del hogar en virtud de un peculiar dictamen de Contraloría para fiscalizar hogares sin una orden, permitiendo calificar de “reunión social” o incluso “clandestina” a hijos de familia escuchando música en su propia casa. O discriminando con arbitrariedad hacia quienes no tienen obligación alguna de adaptarse a tecnologías costosas -dependientes de obligados contratos de adhesión con empresas privadas-, al punto de quedar impedidos de obtener kafkianos permisos para salir de sus hogares a proveerse de alimentos para subsistir.

Cerrando el país, y obligando a los ciudadanos a sobrevivir con sus recursos propios: los de sus cuentas individuales de los Fondos de Pensiones. Lanzándolos con ello al precipicio de una vejez miserable y al término del sistema de AFP, uno de los más innovadores y exitosos del mundo al tiempo de su iniciación; o poniendo en entredicho desde el punto de vista de la legalidad al derecho de propiedad de las compañías de seguros en la modalidad de renta vitalicia, que ya generó consecuencias internacionales para el país. Quebrando pymes con inútiles cierres, en favor de multinacionales, en base al antojadizo concepto de “actividad esencial”, olvidando que toda aquella que constituye el sustento de una familia lo es por antonomasia.

Tal como prevé el Foro de Davos o Foro Económico Mundial, cuyo rimbombante nombre oculta que es una creación de millonarios completamente privada, el mismo de los metacapitalistas globalistas con su slogan “No tendrás Nada y serás Feliz”. Cuyo plan busca imponer una Renta Básica Universal, de la cual los bonos varios con letra chica del Gobierno son su antecedente,  presentándose un proyecto de reforma constitucional para incorporarla como derecho fundamental que, enlazado al estado de excepción constitucional de catástrofe y con carácter de emergencia, determinará la alegre aceptación popular del uno para recibir el otro.

La versión occidental del Crédito Social chino con control tecnológico obligatorio, del cual no se salvarán ni nuestros defectos físicos más sensibles por aplicación de la biométrica estilo ID2020. Complementado por el Carnet o Pasaporte Verde, que quiere imponer a toda costa el Gobierno, vulnerando la Constitución y la legislación, tanto de derechos de los pacientes como la contraria a discriminación, segmentando a los ciudadanos en dos categorías antojadizas por no someterse a un experimento genético nunca antes aplicado en humanos con “vacunas” con autorización de emergencia cuyas fases de estudio no se encuentran todas terminadas; y convirtiendo un consentimiento que debe ser voluntario -según los tratados internacionales vigentes- en una obligación de hecho por coerción. Lo que adquiere mayor gravedad cuando las sociedades farmacéuticas han sido eximidas a priori de responder legalmente a las personas por daños provenientes de su inoculación.

Lo que no es más que la dependencia económica del ciudadano al Estado como plataforma de sostenimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la que este Gobierno es aliado confeso, y entusiasta adherente al PNUD.

¿Y qué tenemos los ciudadanos para defendernos? Lo que la insurrección vino a combatir desde el principio y los chilenos entregamos en bandeja en el Plebiscito: la CONSTITUCIÓN. La norma fundamental destinada a defender a los ciudadanos contra la arremetida del poder político en su contra, el freno a los abusos e iniquidades del Gobierno de turno en contra de cada uno de nosotros. Y un Tribunal Constitucional, que se juega su sobrevivencia en una nueva Constitución, a la cual no pasará, si no cuenta con la valoración de su misión por los constituyentes y detrás de éstos, de sus electores. Triste sería para sus integrantes quedar para la historia como los miembros en funciones al tiempo de su desaparición, que lamentaron su propia pérdida por no defender a quienes en definitiva debían por mandato constitucional: a los ciudadanos.

El argumento de una enfermedad mundial no es atendible considerando que otros países la han sobrellevado permitiendo a sus ciudadanos una vida casi normal, con cuidados focalizados en los grupos de riesgo, sin afectar con extremismo la vida social y privada. Lo que hace pensar en un objetivo más bien político que sanitario propiamente tal: frenar la Insurrección iniciada el 18 de octubre de 2019, que arrasó propiedad pública y privada, y destruyó innumerables comercios, retenida por el momento con las restricciones del estado de catástrofe, a lo menos en la ciudad de Santiago -sede del Ejecutivo-, e impedir su caída. Sí, la caída estrepitosa del Gobierno. El mismo que se asegura a sí mismo en su continuidad con medidas “sanitarias” que le permiten control social draconiano, pero que no protegió debidamente a los emprendedores de los saqueos e incendios de la insurrección, dándoles finalmente con ellas, el golpe de gracia mortal.

Y que tiene la facultad de controlar de tal suerte al “virus”, que levantó las restricciones sanitarias para el sólo efecto de convocar a elecciones durante dos días consecutivos.

Una cosa es clara: los ciudadanos no tenemos que pagar con nuestras vidas, la mediocridad de nuestros gobernantes.

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