VOXPRESS.CL.- Fue abrumadoramente mayoritaria en el país la reacción negativa ante la decisión del Presidente de la República de indultar a un puñado, según él, de valientes “luchadores sociales”, jugados brutal y violentamente para derrocar a un Gobierno democráticamente electo. Gabriel Boric, el Frente Amplio y el PC, más, ahora, el PS y otras fracciones de izquierda y la socialistoide DC, consideran -y todos muy convencidos- que es legítimo tomarse el poder por la fuerza. De ahí que justifican incondicionalmente y alaban la ‘hazaña’ subversiva del 18 de octubre de 2019 y la describen como un acto de rebelión social comprensible.
Para ellos, nada importó, ni importa, que tan furiosa expresión de “lucha social” haya dejado US$ 2.500.000 en pérdidas, a 3 millones de capitalinos sin transporte público, a millares de cesantes y ciudades enteras que hasta la fecha no han podido ser urbanísticamente recuperadas porque el Fisco se niega a desembolsar el altísimo costo de repintar y remodelar kilómetros de muros, fachadas y veredas perforadas para utilizar sus trozos como armas en contra de la policía.
Tal revuelta ¿redundó, acaso, en un Chile mejor, tal como lo prometieron sus patrocinadores y protagonistas? El país de hoy demuestra que dicho intento fracasado de Golpe de Estado lo hizo retroceder, le profundizó la pobreza, disparó la deserción escolar, incrementó el trabajo informal, fomentó la delincuencia y el narcoterrorismo, lo fraccionó irreconciliablemente en dos y de haber sido N° 1 de Latinoamérica, descendió al penúltimo lugar.
La promesa revolucionaria de instalarse durante “un nuevo ciclo político”, al menos por 50 años, se fue a la basura por una apabullante decisión ciudadana de rechazar el proyecto socialista totalitario de la Convención, que, en suma, no era más que el programa de Gobierno de Boric.
Aunque derrotado por todos los flancos, el Presidente, activista y dinámico promotor de la revuelta, utilizó como bandera de lucha y hasta de protección personal, el compromiso de “liberar a los presos políticos”, en prisión decretada por la justicia ordinaria por desmanes, destrucciones, incendios, daños materiales y humanos fruto de sus vandálicas acciones callejeras. Aún más, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Boric declaró que “Chile tiene una deuda con ellos”.
A nombre de todos los chilenos, y con el dinero de todos ellos, se encargó de saldarla: otorgó el indulto a 13 delincuentes, sólo 6 de ellos vinculados exclusivamente a los vandalismos de la revuelta de octubre, y el resto son peligrosos antisociales de largo prontuario previo a aquella fecha; uno, incluso, asaltante de banco que ya había sido liberado por el ex Presidente Lagos.
El repudio popular se disparó en su contra porque firmó las excarcelaciones en medio de una criminalidad desbordada, con el narcotráfico descontrolado y con un galopante incremento del temor ciudadano. Para acentuar sus males, el reconocer que “hubo desprolijidad” (textual) en el procedimiento, hizo explotar la indignación ciudadana, al punto que llegó a un 82% el rechazo popular a su decisión. Para profundizar tan adverso escenario, la vocera comunista Camila Vallejo aclaró que “de haber estado el Presidente en conocimiento de todos los antecedentes, otra sería la situación”.
Los entonces Jefe de Gabinete Presidencial y ministra de Justicia, salieron volando de sus cargos, endilgándoles toda la responsabilidad de un procedimiento tan irregular como oscuro. Hay que recordar, que alcanzó a difundirse una lista (30 de diciembre) con la identidad de 10 indultados, la que fue urgentemente retirada para dar a conocer otra con los 13 nombres definitivos (31 de diciembre). ‘Casualmente’ un grupo de familiares de los delincuentes beneficiados estaba a la puerta de La Moneda, justo cuando se anunciaron oficialmente los indultos.
Tantas auto confesas anomalías del Gobierno, indujeron a un grupo de parlamentarios a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), teóricamente la máxima y última palabra en cuanto al correcto ceñimiento a la Carta Fundamental. Este organismo, desde su creación, no ha actuado estrictamente de modo técnico, sino, y he aquí su inmoralidad, lo ha hecho arbitrariamente ideologizado, ello a raíz del origen político de su composición, siempre numéricamente acorde al Gobierno de turno.
Consciente de esto, los recurrentes al TC para impugnar 7 de los indultos, lo hicieron sin mayor fe, y, tal como se presumía, la mayoría izquierdista de sus ministros consideró que los indultos estuvieron apegados a la norma “porque es una prerrogativa constitucional del Presidente otorgarlos”. Los votos en contra alusivos a las irregularidades del procedimiento –cinco- no se incluyeron en la lectura del veredicto. Además, no se consideraron las confesiones de parte, ya que el Presidente y una ministra revelaron errores de procedimiento, no se tuvieron a la vista las recomendaciones de Gendarmería en cuanto al prontuario y peligrosidad de los ‘postulantes’ y un tribunal, como el Constitucional, no puede omitir interrogatorios a quienes fueron despedidos de sus cargos por, supuestamente, ser los culpables directos de las equivocaciones.
La no existencia de unanimidad y la revelación del no cumplimiento de las recomendaciones de Gendarmería sobre las fichas delictivas de los beneficiados y la inconstitucionalidad de otorgar por segunda vez un beneficio a una misma persona, hacían necesario un pequeño esfuerzo de neutralidad, en especial por el explosivo aumento de la criminalidad y por la alarmante inseguridad de la población.
En el ámbito jurídico impera el “espíritu” de las leyes, y dado éste, son casi inexistentes fallos blanco-negro o A-Z, como éste del TC acerca de los indultos.
En definitiva, y según el pronunciamiento del TC, la discusión se remitió a la obviedad del derecho presidencial de indultar, siendo que el requerimiento apuntaba a mucho más de eso, a las anomalías reveladas por Boric y por Vallejo. Siendo diputado, Boric, en varias oportunidades, salió a las calles portando un afiche alusivo a la “inocencia” de un asaltante frentista (PC), atacando con ello un fallo del pleno de la Corte Suprema. . La veloz reacción del ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, en cuanto a que “damos vuelta la hoja en este caso”, aporta al convencimiento colectivo de que la decisión del TC sólo apuntó a echarle tierra a tan inoportuna y anómala decisión presidencial. Ante tanta e interesada evasión de las reales responsabilidades del tribunal, como última esperanza de conocer la veracidad de este increíble pago de una deuda del Estado, queda el resultado de una Comisión Investigadora creada por la Cámara de Diputados. Y si de deudas se trata, Boric debió partir por, al menos, amortizar la que mantiene con los cada vez más numerosos habitantes de campamentos de extrema pobreza.
Podrían ser hasta comprensibles las carencias de los más básicos valores humanos por parte de individuos que fueron adoctrinados desde niños precisamente para omitir la naturaleza de conceptos tan claves como la honestidad, el respeto, la familia, la libertad y la justicia. Pero resulta terrible constatar que tampoco los poseen quienes ejercen la potestad final sobre la Constitución.
Fuente: WWW.VOXPRESS.CL
