En caso de calamidades colectivas los Estados se ven precisados a gastar más de lo que tienen: "necessitas caret lege", "la necesidad carece de ley", decían los romanos; "la necesidad tiene cara de hereje", decíamos acá y yo creía que era una versión vulgarizada de los chilenos, pero entonces encontré la misma expresión en el Quijote, revelando que la ignorancia nos la habían transmitido Castilla y León hace más de quinientos años.

Pero menos perdonable ha sido farrearse el país en las últimas décadas, para generar una burocracia dorada y muy generosa consigo misma y con el terrorismo de izquierda. La economista Bettina Horst, en "El Mercurio" de 15.03.20, ha revelado que el gasto en personal del gobierno central ha aumentado siete veces en términos reales entre 1990 y 2019. La misma economista calculaba que si disminuyeran sólo 10 por ciento las remuneraciones del sector público, podría aumentarse a $400 mil pesos la pensión mínima para todos.

El cargo de conciencia de los políticos los ha llevado ahora a anunciar (lo que es muy distinto a concretar) una rebaja de sus remuneraciones, en un proyecto de reforma constitucional que, sospecho, va a demorar mucho en promulgarse. Pues, en tanto no rija, sus sueldos no disminuirán. Compungidos, nos dirán: "¡Qué le vamos a hacer!"

Pero también nos informa el diario que "un estudio de hace algunos años realizado por el ex Director de Presupuestos Rodrigo Cerda sugiere que un trabajador del Estado recibe un ingreso que es superior en al menos un 32 por ciento al de su contraparte privada ". ("El Mercurio", 27.05.20, A3). 

Los que han gobernado durante los últimos decenios fueron generososos consigo mismos, al comienzo extrayendo clandestinamente "sobres con billetes" no tributables, succionados de gastos reservados; y, después, tras haber sido sorprendidos in fraganti, poniéndose de acuerdo en incorporarlos a las remuneraciones oficiales. La autogenerosidad llegó al clímax cuando consagró para los ex presidentes una cantidad vitalicia cercana a los cuarenta millones de pesos mensuales para compensarlos por las penurias vividas durante su período en "la casa donde tanto se sufre". No obstante esto último, tres de ellos quisieron volver a ella, si bien uno fracasó en el intento.

Rodrigo Cerda y Sergio Urzúa (El Mercuriuo, 26.05,20) nos revelan  que "entre 2008 y 2018, sin octubre 19 ni pandemia, el Estado de Chile tuvo un déficit acumulado de US$ 27 mil millones"; y nos informan que hay "muchos gastos que no se contabilizan en el déficit, pero que requieren financiamiento". Se conocen como 'partidas bajo la línea' y suman 'decenas de miles de millones de dólares'. ¿Cuántas decenas, 20, 40, 50 mil millones? "Sepa Moya". Y advierten que sin siquiera considerar estos "gastos bajo la línea" ni nuevas medidas, ya el Estado prevé acumular, entre 2021 y 2024, un déficit de US$ 23 mil millones.

Y ante la pandemia el panorama financiero va a empeorar: el gobierno propone gastar otros US$ 17 mil millones. Un grupo de economistas de centroizquierda, patrocinados por el Colegio Médico, ha propuesto añadir US$ 12 mil millones de dólares, extraídos del Fondo de Estabilización Económico Social (FEES), que se formó a raíz de un intervalo lúcido que tuvieron los políticos durante las "vacas gordas", para financiar los períodos de las "vacas flacas". Pero Cerda y Urzúa han advertido que en el FEES a fin de año no quedarán ya esos US$ 12 mil millones, porque el gobierno consideró sacar US$ 3 mil millones para financiar sus medidas. Otros economistas proponen aumentar el endeudamiento en US$ 15 mil millones, no obstante que ya hemos saltado, de estar endeudados en el 32,7 % del PIB, a un 40 % el próximo año.

¿No será hora de que no sólo se bajen en serio los sueldos, sino también de que terminen con los inspectores de DD. HH. de cinco millones de pesos mensuales por impedir a Carabineros mantener el orden público, con los cien mil falsos exonerados y los programas para compensar al exterrorismo, para el cual este gobierno entreguista, ya antes de octubre 19 y la pandemia, había destinado en el presupuesto US$ 400 millones anuales, según confesión de la subsecretaria de Justicia y DD. HH. Lorena Recabarren; y también con el gigantesco programa de ayuda a los violentistas de 1973-1990? 

Vana ilusión. Para terminar y superar farras anteriores se requirió un Pinochet. Y Chile ya no tiene un Pinochet. Tiene apenas un Piñera.

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