jueves, 10 de enero de 2019

El juez Mauricio Silva ha llegado a la Corte Suprema con los votos, por cierto, de la izquierda, pero también con los de la derecha piñerista. Es que esa derecha, tal como su líder, carece de principios. Hoy quema lo que ayer adoró y adora lo que ayer quemó.

Con la designación de este nuevo ministro, signado por la prevaricación politizada, manifiesta en sus fallos contra uniformados, se ha avanzado un paso más en el quiebre del estado de derecho. Ya ha quedado de manifiesto el inicio de esta nueva etapa en la degradación jurídica del país al dejarse estampado en una ley y en un proyecto de ley, y no tan solo en sentencias judiciales prevaricatorias, el atropello a la legalidad y la Constitución vigentes. Pues en la recién aprobada ley modificatoria de las normas sobre libertad condicional, dictada para discriminar en contra de los uniformados que combatieron el terrorismo marxista y están hoy ilícitamente privados de libertad, la argucia para privar a estos Presos Políticos Militares de su derecho a la libertad condicional consiste en remitirse a sentencias dictadas con atropello a las normas del debido proceso. Es decir, la ley en la práctica dice: “si ha sido condenado por genocidio o lesa humanidad, se le impone condiciones adicionales para gozar de libertad condicional”. Éste es un ardid, muy propio de la izquierda, para llevar el estado de antijuridicidad desde la sede judicial a la sede legislativa.

La prevaricación de los jueces contra los militares fue un golpe de estado de facto. Los políticos miraron para otro lado o dijeron: “los jueces son soberanos para juzgar”. Pues bien, ahora, tras la ley de libertades condicionales, los políticos se han hecho cómplices de ese golpe de estado de facto que ha pasado por sobre tantas leyes expresas y vigentes. Antes eran las sentencias las que desconocían la Constitución y la ley. Ahora es otra ley. Y cuando la promulgue el Presidente, él también va a pasar a ser coautor de este golpe de estado.

¡Qué lejanos parecen hoy los tiempos en que Aylwin daba los primeros pasos en desconocer la Constitución y las leyes al escribir su carta a la Corte Suprema, instruyéndola para que ordenara a los jueces no aplicar la amnistía hasta dictar la sentencia definitiva! Porque en esa misma carta Aylwin decía que su gobierno respetaba la ley de amnistía. Es decir, reconocía que estaba vigente. ¿Qué ha cambiado en el derecho desde entonces, hace 28 años, a ahora? Nada. La amnistía sigue siendo una ley expresa y vigente que, por tanto, manda a todos los ciudadanos, sean jueces, legisladores, gobernantes o gente de a pie. ¿Por qué ahora la desobedecen tantos? Yo les voy a decir por qué: porque cuando lo hizo uno, no le pasó nada. Cuando lo hicieron unos pocos, tampoco les pasó nada. Ni siquiera el Consejo de Seguridad Nacional fue convocado, cuando bastaban dos comandantes en jefe para hacerlo, habiendo cuatro que estaban de acuerdo en respetar la ley de amnistía.

Así comienza la destrucción del estado de derecho en un país: cuando los hombres respetuosos del derecho no hacen nada ante la audacia de los que no lo respetan. Para que el mal triunfe, creo que fue Burke el que lo dijo, basta que los hombres de bien no hagan nada. Acá no han hecho nada. Los garantes de la legalidad no hicieron nada cuando tenían las atribuciones, menos lo harán ahora que las han perdido. Ni menos cuando los políticos preparan una ley que le permita al Presidente echar a los más altos mandos sin siquiera tener que dar una razón.

Vivimos bajo un régimen de facto que atropella las leyes. ¿En qué se diferencia del de Maduro? Sólo en que acá quienes las atropellan son más y van desde la izquierda hasta la derecha, pero eso no los hace mejores.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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