Después de 46 años, desde la Gesta de Liberación de Chile el 11 de setiembre de 1973, como producto de una persecución implacable, brutal y vengativa, con la directa participación de un Poder Judicial prevaricador, que tiene desde sus bases estudiantiles en las universidades una profunda raíz de izquierda, existen por ahora 6 marinos retirados, incluyendo una Suboficial del Escalafón Femenino, cumpliendo condenas en Punta Peuco, Colina1 y Centro de Orientación Femenino y más de 400 otros marinos retirados en espera de del término de sus procesos y posterior condena por supuestas “violaciones de los derechos humanos” o “delitos de lesa humanidad”.

Estos marinos retirados tuvieron que cumplir destinaciones al Área de Contrainteligencia y de Seguridad Interior, tanto en Unidades propias como en organizaciones denominadas DINA y CNI, así como en patrullajes de control de toque de queda o reacción ante asonadas y operaciones antisubversivas, de terrorismo y guerrillas, etc., que se produjeron a través del territorio nacional. En todas las organizaciones o unidades en las cuales participaron tuvieron sus mandos institucionalizados y reglamentarios y cumplieron estrictamente con “las ordenes de sus superiores con prontitud y puntualidad hasta rendir la vida si fuese necesario”.

El país comenzó a vivir en peligro desde el Congreso del Partido Socialista en Chillán el año 1967 y, también la formación del primer organismo terrorista serio, el MIR, en Concepción, ambos estamentos aplicando la convicción que en Chile la solución para la grave situación económica social de esos tiempos era una revolución armada que terminaría en una Dictadura del Proletariado, siguiendo el ejemplo de Cuba, principalmente.
Es así que, con gran participación de la Armada de Chile y cumpliendo con nuestras órdenes superiores, provenientes de la Honorable Junta de Gobierno Militar, después de haberse cumplido con 1000 días de gobierno de Allende y la UP, desastroso para el país pero fructíferos para sus planes, las FF.AA. y Carabineros de Chile actuaron como una sola unidad y logramos derrotar al adversario y colocar un Gobierno Cívico-Militar de tanto éxito que llevó a Chile a liderar la América del Sur.

Desde el 11/09/73 hasta el 11/03/1990, aparte del importantísimo desarrollo del país por parte del Gobierno, también hubo serios intentos de provocar su caída, llegándose incluso a procurar un magnicidio en la persona del Presidente de la República, General Augusto Pinochet. Esta actividad extremista, con apoyo de organizaciones marxistas extranjeras cubanas y soviéticas (además de sus satélites) como la Junta Coordinadora Revolucionaria, financiaron, entrenaron y enviaron a Chile no solamente cuadros preparados para la guerrilla urbana como la rural, que también las dotaron de armas militares y equipamiento muy completo para sus actividades. Estas organizaciones terroristas, ya centradas en el MIR, el Frente Manuel Rodríguez, y el Frente Mapu-Lautaro tuvieron que ser enfrentados por la DINA y posteriormente la CNI, las Fuerzas de Seguridad Interior, que estaban conformadas por personal de oficiales y cuadro permanente de todas las Instituciones, la gran mayoría jóvenes de grados subalternos en ambos escalafones, comandados por oficiales generales o superiores quienes, a su vez cumpliendo órdenes, planificaron, dirigieron, financiaron, equiparon como armamento y otros medios necesarios y ordenaron ejecutar todas las misiones requeridas para combatir a este serio enemigo con plena responsabilidad de su Mando.

Es así como este grupo de combatientes se enfrentó, también con bajas propias, a sus contendores que era un enemigo clandestino y subversivo, equipado con material bélico soviético y norteamericano traído desde Vietnam, como el descubierto en Carrizal Bajo, en grandes cantidades.

Esta “Guerra Sucia”, como la han denominado, llevó a numerosos enfrentamientos armados y operaciones de inteligencia muy duras contra este extremismo hasta que se logró la victoria de las armas, lo que permitió crecer a Chile al nivel que jamás había tenido antes. Asimismo, muchos o la mayoría de los integrantes de estas Fuerzas de Seguridad tuvieron que concurrir al llamado de las armas cuando Chile se vio enfrentado a cuasi conflictos bélicos con vecinos nuestros.

Sin embargo, parece que las Instituciones, gracias a una campaña psicológica de la izquierda marxista, sin par en la historia, sienten vergüenza de nosotros y nos han abandonado.

Sí, nos han abandonado, con nuestros Jefes directos, quienes debieron haber asumido sus responsabilidades de mando ya fallecidos, quedamos los jóvenes de entonces como víctimas de una persecución implacable y vengativa, como se mencionó, con este decidido apoyo del Poder Judicial, a través de los 3 niveles de justicia, Ministro en Visita, Corte de Apelaciones y, finalmente, la Corte Suprema.

Toda esta situación debió haberse terminado cuando se iniciaron los primeros procesos por derechos humanos durante el mismo Gobierno Cívico-Militar, pero no fue así.
La cómoda posición de los Altos Mandos de entonces, como esta situación no llega a ellos, pareció adormecerlos y, por el escaso número de procesos abiertos, parecía que la situación estaba controlada y, como inocentemente se pensaba, el Gobierno Cívico-Militar se iba a prolongar por muchos años, después del Plebiscito, no se tomó la firme decisión de manejar y terminar con este problema. Parecía que unos pocos condenados por parte de cada Institución, partiendo por el Gral. Manuel Contreras bastaba para acallar la opinión pública.

Pero, no fue así. Finalmente, la LEALTAD hacia los procesados de entonces y posteriores condenados se esfumó.

Los apoyos febles de distintas ONG ́s que defendían al personal en múltiples casos fracasaron, debida consideración al enfrentamiento inútil con un muro infranqueable del Poder Judicial donde los esfuerzos de nuestros abogados sucumbieron cuando la Sala Penal pasó a estar en nuestra contra.

Pero ahí estuvo la tremenda falla de nuestras Instituciones al no plantarse firme ante las Autoridades Civiles y haberles dicho: ¡Basta!
Ya en plena ejecución el plan de la izquierda de doblegarnos y, de pasada obtener grandes beneficios económicos, las FF.AA. se dejaron llevar por una posición absolutamente indolente hacia sus servidores en retiro, sin considerar lo manifestado, la LEALTAD, el cumplimiento de órdenes y los sacrificios de hasta la vida.

Hasta se implantaron y se aceptaron dos conceptos que resultaron gravísimos para los marinos en retiro y los otros militares y policías.

Primero, que las responsabilidades sean individuales. ¡Que ridiculez más grande! Nuestra estructura disciplinaria nos inhibe totalmente de actuar en forma independiente, no fuimos “tiradores aislados”. Por lo tanto, la responsabilidad institucional está totalmente vigente ya que nuestra Formación Naval nos llevó a cumplir hasta las órdenes más exigentes de nuestros mandos superiores sin objeción.

Segundo, que actuábamos en una “asociación ilícita”. ¿Son la Armada, el Ejército, La Fuerza Aérea y Carabineros, además de la DINA y la CNI ilícitas? La respuesta es obvia y, sin embargo, nos acusan de este ilícito.

¿Por qué la Armada y las otras Instituciones no han salida a protestar enérgicamente sobre este tema? ¿Nos faltó o falta decisión? Con esto quieren decir que, dentro de las FF.AA. y Policías, se concertaron delincuentes para cometer los delitos tan graves.

 ¿Efectivamente, las Instituciones formaron atroces asesinos y genocidas para violentar al país? O, ¿es también otra forma que tienen las Instituciones para deshacerse del problema y demostrar acciones individuales o grupales no dependientes de ellas?

Esta situación debiera obligar a una reacción, por lo discriminatoria y vengativa, potente y pública. ¿Y?

Más, los terroristas que fueron procesados y condenados por diversos actos, están todos libres después de breves períodos de cárcel o extrañamiento, mientras los marinos que los combatieron están presos o pronto estarán.

Sumado a estos antecedentes, la también gravísima discriminación por la existencia de dos sistemas judiciales que, a todos los marinos retirados y el resto de los militares, nos perjudica notoriamente y nos oprime con sus efectos prevaricadores. Desde el año 2005 existe un procedimiento judicial para un tipo de chilenos y chilenas, garantista y basado en la prueba que, si se aplicase a nosotros no habría ningún preso militar o policía en Chile, ya que el sistema antiguo es solamente en base a presunciones.

Luego, ¿qué pasa con nuestros familiares? No ha habido preocupación alguna por ellos. Ya sea por los familiares de aquellos presos, la mayoría de edad avanzada, adultos mayores hace rato, que han quedado solos, señoras de edad avanzada que tiene que venir a ver a sus maridos, hijos, hermanos a una cárcel pública con toda la presión psicológica de ello significado. Esto afecta tanto a los prisioneros políticos como a los procesados, quienes llevan años de años esperando las resoluciones de la justicia:

No creemos que debemos seguir explayándonos en esta situación, es demás conocida, lo único que requerimos y con urgencia, es una posición más leal y más dura de los Altos Mandos Institucionales, partiendo por la Armada y exigir una definición de las autoridades de Gobierno para darle un término definitivo a la persecución de nuestros efectivos, para lograr la real reconciliación en el país y que entiendan que los procesados y condenados actuales somos solamente los que cumplimos las órdenes.

Punta Peuco, Septiembre 2019

OFICIALES Y SUBOFICIALES PROCESADOS Y PRESOS POLITICOS NAVALES