14 septiembre, 2020 

Pilar Molina
Periodista

No se trata de darle un cheque en blanco a la institución, obligada a actuar bajo el amparo de la ley, igual que todos nosotros. Pero pareciera que exigimos mucho a un grupo que está bajo una fuerte presión física y psicológica desde el 18 O, sin haber tenido los medios para responder.

He escuchado a políticos y a opinólogos sorprendidos porque el gobierno apoyara a Carabineros frente a la decisión de Contraloría de formularle cargos a siete generales por decisiones u omisiones en el ámbito de sus atribuciones en el control del orden público. Los cuestionamientos se refieren a operativos en el período de inusitada violencia, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre pasado, donde hubo casi 9 mil eventos de grave alteración del orden público.

Lo primero que surge es un tema de criterio. Puede que el Contralor tenga las atribuciones para hacer sumarios, pero es bien difícil que ejerza esa facultad extraordinaria sin fundamentar las razones por las cuales la está ejerciendo en una materia, el control del orden público, en la que no tiene ninguna expertise y donde existen otras instancias de fiscalización. El organismo fiscalizador debiera conocer que Carabineros está investigando las irregularidades con mil 200 sumarios en curso, que se han abierto innumerables causas en los tribunales por querellas de particulares, ONG y el Instituto de Derechos Humanos y que la policía responde al ministro del Interior. ¿Se le olvidó que el actuar policial fue parte de la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick? Es decir, hasta el Congreso juzga las responsabilidades policiales.

Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho de la Universidad de Chile declaró en agosto de 2019 que había que devolver a Contraloría a sus funciones más fundamentales. Añadió que la veía entrometiéndose: “Quiere resolver cuestiones que en verdad no le competen porque ha perdido un poco el sentido de la orientación”, espetó. Ejemplificaba la confusión contralora con la creación del Contralorito (la mascota que interactúa en redes sociales) que “muestra su desorientación, su extravagancia en el ejercicio de sus potestades hasta el límite.”

Algo de eso puede haber en este intento de encontrar responsabilidades administrativas en el alto mando, juzgando el mérito o la conveniencia de las actuaciones de los generales por cuestiones de resultado tan aleatorias como permitir al personal usar escopetas antidisturbios autorizadas, la estrategia utilizada para contener la violencia en un determinado lugar o no anticipar la demanda extraordinaria por carros lanza agua.

Llevado al extremo, Contraloría debiera sumariar también a los directores de hospitales si las cifras de cáncer aumentaran o a la cabeza del Registro Civil cuando los funcionarios decreten huelgas ilegales.

¿Cómo La Moneda no va a apoyar a Carabineros cuando descansa básicamente en ellos para el rudo panorama en materia de orden público que vivimos, producto de la pandemia, y los hitos que se avecinan? El próximo aniversario del 18 de octubre, días después, el plebiscito, el calendario de 8 elecciones en un año y medio, etc. El mismo día que la institución policial conoció los cargos aprestaba a 3 mil 500 uniformados para para salir a contener desórdenes por el Once.

El Estado es el responsable del orden público, pero se convertiría en un imposible si Carabineros se inhibiera de actuar como modo de protegerse. Probablemente por eso el general director Mario Rozas apoyó a su personal y sugirió que “se pretende afectar la autoestima organizacional e inhibir el accionar institucional”.

No se trata de darle un cheque en blanco a la institución, obligada a actuar bajo el amparo de la ley, igual que todos nosotros. Pero pareciera que exigimos mucho a un grupo que está bajo una fuerte presión física y psicológica desde el 18 O, sin haber tenido los medios para responder. Quizás, desde la tranquilidad de Teatinos 56, se hace difícil imaginar cómo los policías arriesgan en la calle no sólo sus cargos, sino que sus vidas, en un escenario de violencia creciente en la Araucanía y las principales ciudades. Sólo en los hechos violentos del día Once quedaron 16 uniformados lesionados, pero eso no sale jamás en las noticias. Importan únicamente los civiles afectados, ya sean inocentes o protagonistas de las escaramuzas callejeras.

¿A alguien le extraña en este contexto de costos crecientes y escasas gratificaciones que los postulantes a la Escuela de Suboficiales de Carabineros cayeran un 71% este año? En contraste, por mucho menos, en la vecina Argentina la policía bonaerense se rebela yéndose a huelga y rodeando la residencia presidencial de Olivos.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-mirar-desde-teatinos-56/

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