14 diciembre, 2020 

Pilar Molina
Periodista

En vez de corregir, quieren convertir a los delincuentes en víctimas y en victimarios a los encargados por la Constitución de mantener el orden público para protegernos a todos, incluso a ellos y, sobre todo, a los más vulnerables que no tienen armas para defenderse de los salvajes.

Algunos parlamentarios se han convertido en verdaderos acelerantes de la violencia. Usan el Congreso de la República para proponer proyectos que son como los acelerantes que lanzan los delincuentes para quemar las estaciones del Metro, las universidades o las iglesias.

Parecieran no querer que termine la violencia en Chile. Poco les importa que sea el peor de los contextos para tener un proceso constituyente válido y fructífero. Ajenos a su rol institucional y sin entender que ellos forman parte de un sistema democrático donde los cambios se hacen por la vía legislativa y usando la palabra como medio, insisten en justificar con “las graves desigualdades y abusos” o “la marginalidad social”, como señala el proyecto que comentaremos, a quienes quieren regresarnos a la lucha tribal donde gana el más fuerte o el que tiene el garrote mayor. En vez de corregir, quieren convertir a los delincuentes en víctimas y en victimarios a los encargados por la Constitución de mantener el orden público para protegernos a todos, incluso a ellos y, sobre todo, a los más vulnerables que no tienen armas para defenderse de los salvajes.

Primero fue un proyecto del diputado Boric y sus amigos de Frente  Amplio para indultar a los que han cometidos actos vandálicos desde el 18 de octubre; “un mínimo democrático” frente a un “gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos” , señalaba, precisando que “los verdaderos criminales del estallido social estuvieron en Carabineros y las FFAA”.

El miércoles pasado le tocó nada menos que a la presidenta del Senado, que ya había dicho que no le importa incumplir su rol constitucional, cuando puso en discusión el proyecto para extender el post natal de emergencia, a pesar de que la secretaría del Senado lo consideraba inadmisible. Y junto al ramillete de senadores que están dando siempre la nota alta para marginarse del sistema institucional que los sustenta, propusieron un indulto a todos los que están en prisión preventiva o condenados por delitos que ellos consideran propios de la protesta social, ocurridos desde octubre al miércoles pasado.

El incendio de la mayoría de las estaciones del Metro, de los supermercados que dejaron comunas sin ninguno donde abastecerse, y de iglesias; los saqueos y destrucción de locales, barrios y vida familiar de miles de personas quedarían sin castigo. La excusa viene nuevamente de la mano de la inversión de la lógica: los delincuentes (que cometen delitos) son en realidad víctimas de “las violaciones graves y masivas a los derechos humanos por parte de fuerzas policiales y militares”. El texto de la moción considera además que muchos ilícitos fueron la expresión del “derecho a la legítima autodefensa frente a las agresiones masivas y graves del Estado y sus funcionarios contra la población civil”.

¿En qué mundo viven la senadora PPD Adriana Muñoz, la socialista Isabel Allende y los nada sorprendentes Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre  (RD) y Alejandro Navarro? ¿En qué realismo mágico se mueven para considerar, como dijo la presidenta del Senado, que “son jóvenes que lo único que han hecho es protestar”? Que le vayan a preguntar a los vecinos y locatarios de los barrios Lastarria, San Borja o de la Alameda si en verdad han sido movilizaciones sociales inocuas, como se lamentó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que ha tenido que destinar miles de millones de pesos y distraer sus recursos para enfrentar a estos niños de “primera línea” que, defienden los senadores, no debieran estar en prisión preventiva como ordenó la Corte de Apelaciones. El edil calificó el proyecto de “una vergüenza”, sin más.

Alguien podría pensar en la necesidad de una amnistía, como las que hay después de las guerras o revueltas para pacificar, pero aquí la insurgencia no ha terminado en las calles e incluso en el hemiciclo donde se enseñorea la amenaza. Y por eso es tan grave que los honorables le echen acelerante a la violencia que ya no se contenta con la Plaza Baquedano, sino que se han apoderado del eje Alameda, convocándose por redes sociales, para exigir la liberación de los presos políticos. Y entre medio, se entretienen quemando buses eléctricos (el jueves), saqueando bancos (el viernes), y se aperan de municiones para provocar y herir a carabineros que están obligados a enfrentarlos.

El mismo acelerante podrían tirarle los honorables a los que exigen en la Araucanía la liberación de los presos políticos quemando hosterías, casas, maquinarias y cosechas. Pan de todos los días. Allí también hay contexto para justificar, como lo hacen los senadores, la delincuencia común.

“No hay presos políticos en Chile”, dijo el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.  Sin perderse en que en la represión de los delitos la policía habría infringido los derechos humanos, aclaró que otra cosa son los ilícitos que “se han cometido por parte de grupos violentos que no han protestado pacíficamente”.  Pero los senadores no logran ver la diferencia entre los excesos que se producen en la represión de la violencia y los delitos que cometen personas que no respetan las reglas de la democracia y creen que es lícita la fuerza brutal que a otros tumba. Por supuesto que para ser consecuentes con su óptica tuerta, los parlamentarios excluyen a las policías y a las FFAA de este perdonazo, porque ellos pueden ser perseguibles si no usan la fuerza proporcional o caen en ilícitos, pero si a ellos los queman con molotovs, como lo hemos visto tantas veces, es perdonable.

El gobierno aclaró que no hay una sola persona presa en Chile por sus opiniones o por protestar pacíficamente y que los 232 que están en prisión preventiva (de los 33 mil detenidos entre octubre y marzo) lo están por cometer delitos graves o tener antecedentes previos. Hay muy pocos condenados, pero los senadores quieren impunidad para ellos y para todos, confesos o no de haber usado acelerantes para ver arder estaciones, buses, hoteles o iglesias.

Son los mismos que antes jugaron a contextualizar la violencia en los liceos emblemáticos hasta que los reventaron. Sólo que ahora quieren reventar el país.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-los-senadores-acelerantes/

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