1 marzo, 2021 

Pilar Molina
Periodista

Nada debiera impedir que el Estado reprima la violencia y proteja a los ciudadanos con el monopolio de la fuerza coercitiva del que está dotado. Nada gana Chile con este gobierno que brilla en el mundo por su plan de vacunas si en su propio país, frente al terrorismo, rompe con el pacto social que lo obliga a no ser “blando y débil”, que fue la acusación de Sebastián Piñera a la segunda administración de Bachelet.

Esta semana el conflicto mapuche llegó a un punto de inflexión, no solo por la brutalidad e intensidad de los nuevos ataques, sino porque varias víctimas acercaron el conflicto al propio Presidente cuando estaba de vacaciones en el lago Ranco.

Una vez más el Mandatario tomó la decisión de convocar a una acuerdo nacional “para derrotar esta ola de violencia y de atentados terroristas”, dispuso de nuevo la coordinación de la acción policial en la zona, relanzando los patrullajes mixtos, con la incorporación de militares; y pidió a los otros poderes del Estado (representados por el presidente de la Corte Suprema, Fiscal Nacional,  y los presidentes del Senado y la Cámara) coordinarse y hacer sus mejores esfuerzos y revisar sus procedimientos para ayudar a la solución.

Las víctimas han recibido escépticas esta mise en scène que se repite de tanto en tanto, de crisis en crisis, sin lograr detener la escalada violentista y el acostumbramiento a los años de ataques en las carreteras, el cobro de peaje so quema de las cosechas, el incendio y destrucción de las casas, iglesias, escuelas,  galpones y maquinarias, amén de la toma de predios que se ha convertido en una práctica habitual, extendiéndose a comunidades y localidades otrora pacíficas, porque a río revuelto…

Entre quienes votaron por Sebastián Piñera, se diferencian los que apoyan inteligencia + inteligencia+ inteligencia de aquellos que señalan que lo primero y urgente es dar seguridad en la zona y terminar con el terror a ser levantado de la cama para incendiarte tu casa o tu cosecha. La violencia se reprime con la fuerza, porque es de la esencia de su existencia dar seguridad y proteger a los inocentes de tiros en la cabeza, como le ocurrió al candidato a concejal UDI, Orwal Casanova, baleado en su propio predio por unos “tomadores”.

Los poderes del Estado han fallado de manera vergonzosa para alimentar este conflicto. El garantismo de los tribunales no contribuye en nada, negando prisiones preventivas a sujetos fugitivos o que circulan armados hasta los dientes. Es cierto que los jueces también son amenazados, pero se han rendido a mirar con un ojo cerrado la delincuencia mapuche y con el otro bien abierto cuando los ilícitos se cometen en su contra. Nunca supimos quiénes asaltaron salvajemente a las profesoras en noviembre de 2018, uno de cuyos autos se encontró en la comunidad Temucuicui y originó el operativo en que fue muerto Marcelo Catrillanca. Pero sólo dos años después, 7 carabineros fueron condenados por su muerte, dos de ellos a largas estadías en la cárcel, mientras del ataque a las docentes… ¡nada!

Qué hablar del ministerio público. Las fiscalías son lentas y no ordenan investigar los diarios delitos de usurpación y amenazas, o las plantaciones de marihuana a la vista. Y al igual que el SII, dejan impune la comercialización de madera robada que equivale en un año a 28 mil camiones con acoplados repletos de madera, según CMPC. Sin necesidad de iniciar un largo y costoso juicio, los predios solo pueden desalojarse hasta 12 horas después de ser tomados y cuando logran llegar los carabineros dentro del plazo, los comuneros los desalojan y los vuelven a tomar con sus niños y mujeres.  ¡Entra y sale!

En este far west sureño, la oposición ha cargado las armas con un lenguaje ambiguo que niega la existencia de terrorismo, a pesar de que lo que ocurre en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y con episodios en Los Lagos, encaja perfecto en la forma en que la ley define el terrorismo. Con la mirada complaciente de buena parte del periodismo nacional, la extrema izquierda, además, ha arrastrado a la centro izquierda a taponear cualquier ley que pueda ayudar a la persecución criminal del narcotráfico y el robo de madera, que financia y multiplica los grupos extremistas, el incendio de maquinaria productiva o la usurpación de tierras.

A esta mayoría del Congreso es la que el Presidente pretende convocar a un acuerdo nacional para rechazar la violencia, cuando el precedente desde el 18 de Octubre indica que no cooperará, y continuará, en cambio, enrostrándole su fracaso en la zona mientras, al unísono, lo acusa de criminalizar la causa mapuche, militarizar la zona y expandir el conflicto. Como anillo al dedo le llegó a los que buscan inhibir al Estado de su primerísimo deber de reprimir la violencia la crítica de Michelle Bachelet esta semana: desde su asiento en las Naciones Unidas en Ginebra acusó al gobierno de violar los derechos humanos después del 18 de octubre de 2019.

Cada vez que se habla de la violencia y la acción terrorista se contextualiza con la pobreza de estas regiones y la deuda (que va siendo infinita) del Estado para devolver tierras que ocupaban hace dos siglos o reconocer los pueblos originarios en la Constitución. Pero la verdad es que la obligación del Ejecutivo y del Congreso de responder en estas materias es con políticas públicas. Por cuerda separada está reprimir el terror cuando ya se conocen cuáles son las comunidades violentistas y sus líderes, así como sus emplazamientos. Y al no impedirse su acción mafiosa e impune, estos grupos van progresivamente contaminando las comunidades pacíficas, que son la mayoría, y sufren las mismas amenazas, asesinatos y quemas que los agricultores.

La falta de Estado es la que ha determinado que algunas forestales opten por pagar cifras millonarias para poder cosechar la producción después de 25 años y que los agricultores compartan las siembras con sus extorsionadores so pena de ver arder el trabajo de un año. Cuando no existe el brazo protector del estado de derecho, no hay elección.

Sin voluntad y liderazgo, ésta es una pelea perdida, porque la falta de decisión es la que ha permitido extender el conflicto y que grupúsculos se asemejen cada vez más a la ETA o las FARC. La ausencia de coraje para respaldar la acción de las policías en la represión de la violencia (como se vio con el carabinero que actuó en defensa propia en Panguipulli), es lo que explica su renuencia a actuar. No sólo no tienen piso político, sino que su inadecuada preparación y pésimo equipamiento terminó con el ridículo de 850 detectives huyendo del ataque con armas de guerra con que los recibieron en la comunidad Temucuicui, donde “hay  violencia, hay crimen organizado, hay drogas, hay armas”, como dijo el director de Investigaciones, Héctor Espinoza.

En esta pelea desigual puede haber muchas razones, múltiples factores y explicaciones que complejicen el modo de enfrentarla, pero nada debiera impedir que el Estado reprima la violencia y proteja a los ciudadanos con el monopolio de la fuerza coercitiva del que está dotado. Nada gana Chile con este gobierno que brilla en el mundo por su plan de vacunas si en su propio país, frente al terrorismo, rompe con el pacto social que lo obliga a no ser “blando y débil”, que fue la acusación de Sebastián Piñera a la segunda administración de Bachelet.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-cuerdas-separadas/

.