15 marzo, 2025 

por Pilar Molina

El gobierno, sobre todo éste, ha dejado un vacío en materia de seguridad que se ha encargado de llenar el crimen organizado, el cual solo puede continuar creciendo de la mano del control territorial, el narcotráfico y la penetración institucional.

El artículo 1º de la Constitución establece: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”. Qué lejos deben sentir esa obligación los hijos del matrimonio González Calleja, cruelmente asesinado en su casa en Graneros esta semana. Imposible no recordar un asesinato similar en crueldad, el del matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013, también en un campo. En estos 12 años no solo se ha extendido la violencia desde la macrozona sur a toda la ruralidad, sino que Chile entero ha seguido cayendo en el pozo de la inseguridad con el crimen organizado asumiendo control territorial en todo el país y los narcos comprando parcelas de agrado de norte a sur.

Este no es un fenómeno exclusivo de Chile. Hemos sido testigos del vaciamiento del Estado en materia de orden público, que cuando actúa y reprime la violencia se traduce en protestas masivas y violentas que buscan destituir al gobierno legítimo en Perú, Colombia o al Presidente Sebastián Piñera, quien denunció un “golpe de Estado no tradicional”.

Y dejamos que ocurriera, como también, junto a la ola mundial, nos convertimos en Estado garantista, donde se ha hecho justicia con los derechos de los delincuentes, pero ajusticiamiento con los de las víctimas. Si hasta hoy no existe una Defensoría de las víctimas, pero sí de los infractores: la Defensoría Penal Pública.

Y creamos el INDH para que use todo el celo y los recursos del Estado para perseguir los procedimientos policiales, querellarse para conseguir las máximas condenas ante cualquier error en el despliegue de la seguridad  y obtener jugosas indemnizaciones y pensiones de gracia para los infractores de la ley. Premio para unos y castigo para quienes nos cuidan.  

No nos hemos puesto al día en la tecnología para perseguir el crimen y  hemos dejado vulnerable nuestras fronteras al diabólico Tren de Aragua y al narcotráfico; no hemos adaptado la ley para que robar en el campo deje de ser un delito menor, para que escapar de carabineros no se sancione como una infracción de tránsito o que los presos sigan teniendo beneficios para continuar delinquiendo desde las cárceles.

No hemos defendido el derecho de propiedad, sino que los de los que infringen la ley y hemos permitido que el crimen organizado administre los terrenos ocupados con violencia para exigir soluciones de vivienda o de tierra al margen del derecho.

Tenemos la mitad de las policías que debiéramos tener y parte de la dotación de 40 mil en labores administrativas o licencias por estrés. Aunque los vecinos claman protección, la izquierda se niega a que los inspectores municipales puedan usar elementos disuasivos. Delincuentes pueden atropellarlos en Viña y esta semana, en Vitacura, pero el oficialismo repara que pueden usar las famosas pistolas taser que llevan décadas en uso en otros países.

Pasamos de la tolerancia cero a las incivilidades a la tolerancia máxima con los rayados de muros, la violencia estudiantil, el comercio ambulante y el consumo de drogas en todas partes, el robo de camiones, cables eléctricos y todo lo que se pueda sustraer. Antes el riesgo era perder el auto en el portonazo o un asalto en la casa, ahora nos jugamos la vida con homicidios que parecen imparables y no se amilanan frente a los programas de “calles sin violencia”.

El gobierno se ufana de mantener a raya los atentados en la macrozona sur y el ingreso de migrantes ilegales, agitando como un espantapájaros a las Fuerzas Armadas desplegadas en el sur y las fronteras. Pero no hay orden ni paz allí y las FF.AA. están obligadas a reducir drásticamente o eliminar el servicio militar este año para ajustarse al menor presupuesto.

Ante la desesperación frente al crimen generalizado, los alcaldes y ciudadanos exigen que los militares salgan a restablecer el orden a las calles. Para ello, la comisión unida de Seguridad y Defensa del Senado aprobó a inicios de mes, por 7 votos a favor y 2 en contra, las RUF (Reglas del Uso de la Fuerza). Con esta norma, ningún militar querrá salir a la calle ni a cuidar infraestructura crítica ni a poner en orden a los criminales y narcos. Les imponen a las FF.AA. ocho pasos previos para actuar: desplegarse, persuasión verbal, disuasión, pintura o gas pimienta; fuerza física; salvas; munición antidisturbios, antes de ser autorizadas por la regla Nº 8, a usar sus armas letales frente al peligro de muerte. Una payasada que pretende transformar las FF.AA. en policías, pero portando su armamento letal que no podrán usar a riesgo de terminar acusados en los tribunales… por el mismo Estado.

¿Y nos extraña el nivel que ha alcanzado la delincuencia en Chile? No debiera, porque hemos ido dando todos los pasos para no reprimirla, degradar la ley y el deber del Estado de garantizar la seguridad  y no adaptar las normas punitivas y las sanciones, así como convertir al aparato estatal en el garante de los derechos de los delincuentes antes que los de las víctimas. Ahora recorremos el último tramo, el de la penetración institucional que provocará un vacío del Estado de Derecho sin retorno.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/sustituyendo-al-estado/

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