22 DE AGOSTO DE 2022 
Hermógenes Pérez de Arce
En mi último blog confesé no haberme dado cuenta en su momento de que, con estricto apego a la Constitución, Piñera podría haber terminado en un día y sin derramamiento de sangre con la violenta insurrección de 2019. En efecto, respetando aquélla y la ley, podría haber dado vuelta el naipe a su favor si tan solo hubiera tenido los pantalones y abogados necesarios.
Cuando la izquierda quiso hacerle al presidente Ibáñez, en los años '50, lo que acostumbraba periódicamente y que era lo mismo que le hizo a Piñera hace casi tres años, aquél convocó a los políticos alzados a su despacho y los sentó en dos filas. Entonces entraron unos carabineros y, sin decir nada, se llevaron detenidos a los de una fila. Ibáñez se paró frente a la otra, en la cual estaba el senador pro-violencia, Salvador Allende, y les dijo: "O ponen fin al movimiento hoy o también se van detenidos". "¿Y qué hicieron ustedes?" le preguntó su interlocutor a Allende, cuando le relató el episodio: "Terminamos el movimiento", le contestó escuetamente éste. Está en un libro de memorias políticas de un exministro de Ibáñez. "No tengo en este momento la cita".
Pero Piñera carecía de los pantalones de Ibáñez y no había leído la Constitución. Pues el artículo 19 número 15 de ésta dice que son inconstitucionales los partidos, movimientos u organizaciones que hagan uso de la violencia. Y su art. 60, inciso quinto añade: "...cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico-institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución..." Es decir, precisamente lo que hicieron los parlamentarios, que iban desde comunistas a DC, el 12 de noviembre de 2019, en un documento que firmaron y publicaron:
"...la ciudadanía movilizada... ha corrido el cerco de lo posible para... establecer un nuevo modelo político, económico y social.... el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos". (Negritas mías). Es decir, propiciaron el cambio del orden jurídico-institucional por medios violentos y distintos de los que establece la Constitución. Ergo, según la letra de la Constitución deben irse, si todavía son parlamentarios. Y Boric. según veremos, debería dejar la presidencia.
Ya el mismo 13 de noviembre de 2019 Piñera debió haber presentado el requerimiento al TC para cesar a los firmantes del ultimátum. Pero estaba dedicado a rendirse. Sin embargo, todavía puede presentarse. Y el TC debería acogerlo, porque los autores están confesos.
Además, si Piñera hubiera tenido abogados dedicados a defenderlo en lugar de perseguir a militares (r), debió haber pedido al Tribunal Constitucional algo más: la declaración de inconstitucionalidad de los antes nombrados partidos y movimientos. Y habría habido otra consecuencia: "Las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad --dice la Constitución-- no podrán optar a cargos de elección popular." Boric no podría haber sido candidato presidencial.
Ninguna de estas acciones ante el TC está prescrita y, por tanto, pueden interponerse mañana mismo. No importa que en el ínterin Boric u otros firmantes hayan sido elegidos, pues la Constitución aclara el punto: "Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho" (art. 19 Nº 15). De iure, de pleno derecho, Boric ya perdió la Presidencia de la República. Sólo falta que el órgano competente lo declare así.
Jurídica y constitucionalmente debería dejar sus funciones. Si no renuncia, la petición de destitución podría presentarse y debería ser acogida, porque está patente y confeso el compromiso con la violencia de quienes suscribieron el ultimátum del 12 de noviembre de 2019.
¿Quién garantiza que todo esto se cumpla? La "rule of law" o "estado de derecho". Y a su vez garantiza el estado de derecho la "doctrina legalista de Schneider", comandante en jefe del Ejército, sentada en una reunión de generales del 23 de julio de 1970, en que estaban también presentes los generales Prats y Pinochet, y cuya acta dice: "Hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país". Esa es la parte más citada por los políticos, que suelen olvidar su último párrafo: "La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su posición legal. En tal caso, las Fuerzas Amadas, que se deben a la nación --que es lo permanente-- más que al Estado --que es lo temporal-- quedan en libertad para resolver una situación que es absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país" (libro de Manuel Fuentes Wendling citado por Gonzalo Vial Correa en "La Segunda" de 24 de octubre de 2000). Las negritas son mías.
Boric, renuncie. Es lo que jurídicamente le corresponde hacer.
Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/
.
