Osvaldo Rivera Riffo
“Lo que por sabido se calla, por callado se olvida”, es una antigua frase muy usada para referirse a aspectos de la conducta humana.
Todos los seres humanos nacen libres en igualdad y derechos esta es una premisa filosófica planteada en todos los ordenamientos jurídicos que rigen el comportamiento social colectivo e individual y que consagra en primer lugar nuestra Constitución Política.
Las convenciones universales así también lo establecen, pasando el concepto de la Libertad a ser el primer derecho humano consagrado en todo régimen democrático, coligiendo que sin libertad no existe democracia.
Como se ha informado en los medios de comunicación, en días pasados ocurrió un hecho muy preocupante en un masivo festival de música popular.
Derivadas de esa acción se suscitaron diversas reacciones públicas y entre ellas la declaración del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien supeditó nuevamente el valor de La Libertad a una interpretación de interés político creando una falsa superposición de libertades, al afirmar algo así:
“El gobierno rechaza expresiones como las ocurridas en el festival de Lollapalooza pero reconoce el valor de la libertad de expresión” Esto en sintonía, naturalmente, con el artículo 19 de la Declaración sobre Derechos Humanos de la ONU.
La libertad de expresión es sin duda fundamental para permitir el debate e intercambio de ideas entre los diversos actores de la sociedad, en tanto cuanto, interés público y por ello resalta el hecho de que no se puede considerar democrática una sociedad donde no exista tal facultad.
Pero tal facultad lleva implícita otra libertad personal indispensable para la realización personal de los seres humanos: la libertad de pensamiento. Y aquí es donde creo que el ministro se trapicó, seguramente por su novel experiencia y convicciones arraigadas en el pensamiento político que representa.
El gobierno tiene que saber que la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades fundamentales en que deben protegerse los derechos de los ciudadanos, del Estado, del orden público, o de la salud moral de la ciudadanía. De lo contrario -a manera de ejemplo- no existiría la prohibición de trasmitir en cualquier horario televisivo, seriales, documentales u otro tipo de contenidos que puedan afectar a los menores de edad. Si así ocurriese se caería en falta a los deberes y responsabilidades frente a “quienes hagan apología a toda manifestación de violencia, de odio, incitación racial o religiosa, entre otras consideraciones “
Ministro Blumel ¿qué ocurrió entonces en dicho festival?
¿Acaso Ud., como ministro de estado, no juró hacer cumplir y respetar la ley? ¿o acaso el orden público, la incitación a la violencia, el marcar públicamente a personas, incluido el Ministro del Interior, como blancos de violencia criminal son derechos a defender, inferiores al de la libertad de expresión?.
Señor Blumel, no saque Ud. las castañas con la mano del gato
El encargado de velar por el orden y seguridad pública es el ministro del Interior. Pero seguramente no ejerció su obligación por alguna recomendación sugerida por algún “encuestólogo”. Es un ministro bien evaluado y por tanto entrar en la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos, conculcados públicamente por el violento grupo musical, podría traerle consecuencias en la evaluación de ese grupo etario. Y entonces, estratégicamente, aparece Ud., el más joven de todos, hablándole a los chilenos con un mensaje a un destinatario más acotado: los jóvenes y especialmente al grupo musical. “No estamos de acuerdo con su proceder discursivo, pero no se preocupen valoramos muy superiormente la libertad de expresión“.
¿Qué cree Ud. que entendieron los apologistas?
¿Con que mano, mañana, sacará las castañas si ocurriese lo incitado?
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