13 julio, 2022 

Orlando Saenz 

Por lo señalado es que nuestra democracia agoniza y nuestros poderes públicos los acaparan los más inútiles. Es el precio que se paga por disimular con negociaciones imposibles la falta de valor para enfrentar situaciones críticas.

Las circunstancias de mi ejercicio profesional me convirtieron, tempranamente, en un experto negociador de acuerdos entre partes: entre compradores y vendedores, entre prestadores y prestatarios, entre deudores y acreedores, entre arrendadores y arrendatarios, entre clientes y proveedores y hasta entre gobiernos desvinculados. 

Como mis honorarios dependían casi exclusivamente del éxito en esas negociaciones, a poco andar preparé un listado de condiciones que se debían cumplir para que mi oficina profesional se hiciera cargo de una tal negociación entre partes. Ese listado contemplaba los puntos que deberían existir para que consideráramos posible llegar a un acuerdo. Esas condiciones son las siguientes:

1.- Las dos partes desean llegar a acuerdo

2.- Ninguna plantea alguna condición intransable que es inaceptable para la otra parte.

3.- La negociación se produce entre interlocutores válidos, esto es personas o entes que garantizan el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzan. 

4.- Existe espacio para el regateo por parte de ambos lados, o sea, ambas partes tienen un margen para transigir. 

5.- Existe un tiempo acotado para alcanzar un acuerdo.  

Con ese criterio, que nunca me falló, podíamos determinar los casos en que fracasaríamos si intentábamos la negociación y, consecuentemente, desechábamos el encargo profesional de lograr ese acuerdo porque no se cumplía alguna o algunas de las condiciones listadas.

Creo que sería extremadamente acertado que los gobernantes y los políticos probaran aplicar este criterio cuando se trata de negociar una materia muy importante para el país. Y justamente estamos en presencia de varios problemas en que se está intentando el camino del acuerdo cuando las condiciones señaladas están muy lejos de darse y, por tanto, la cuestión no es resolvible por la vía de un diálogo negociador.  

Nuestro caso más emblemático de esa situación es el de la violencia en la macrozona sur, como ahora eufemísticamente se le llama al conflicto mapuche.  Si se examina el problema bajo el criterio que antes señalé, se percibe claramente que ninguna de las condiciones listadas se cumple en este caso y, por tanto, el conflicto no es solucionable por la vía de la negociación o siquiera de un diálogo político.

No obstante la evidencia de ello, nuestros gobiernos siguen insistiendo, tras largas décadas, en un camino que está irremediablemente condenado al fracaso, con el consiguiente desgaste político.

¿Por qué ocurre esto a pesar de toda lógica? La razón es simple y clara: porque la única alternativa al diálogo es una intervención bélica, que a estas alturas tendría que ser de gran envergadura y de un costo humano realmente importante e impredecible. Ningún gobierno democrático chileno se atrevería a eso y, por tanto, los chilenos debemos prepararnos para soportar una agudización del conflicto que en algún momento tendrá una solución autoritaria. 

Ese costo lo pagó el presidente Fujimori en Perú, con las consecuencias de todos conocidas, y también lo pagó Uribe en Colombia, con la consecuencia de un ex guerrillero marxista a punto de ingresar en el Palacio Nariño.

Desgraciadamente, en Chile existen varios otros conflictos que, siendo menos vistosos que el mapuche, avanzan a convertirse en crónicos y finalmente en críticos. El desorden estudiantil, la inmigración ilegal indiscriminada, el saqueo periódico del centro de la ciudad de Santiago son algunos de ellos. 

En todos esos casos, el camino del acuerdo dialogado será inútil y de alto costo político, porque ninguna de las condiciones para un acuerdo se cumple, lo que basta comprobar examinando el listado precedente. En todos esos casos, la solución pasa por un uso enérgico de la capacidad represiva del Estado, la que ya ningún gobierno democrático se atreverá a utilizar. Es por eso que estoy convencido de que Chile necesitará un interludio autoritario para curarse de esos cánceres que, si se dejan estar, se vuelven mortales.  

La situación conlleva a una pregunta trascendental: ¿por qué los gobiernos intentan negociaciones que el sentido común les grita que son fracasantes? Pareciera que en el manejo de la cosa pública no rige la lógica que analizó Aristóteles y está reemplazada por un código del absurdo cuya única explicación es la postura que se piensa es más grata a la ciudadanía. 

Es una forma sutil de despreciar al propio pueblo, porque se le supone que premia con sus votos el signo de buena voluntad que supone la búsqueda de un acuerdo  y sin prestar atención a su resultado. De allí el aluvión de “mesas de diálogos” que en Chile se organizan para docenas de fines distintos. Nunca dan resultados y el pobre contribuyente contempla sorprendido el malgastar de recursos y energías en lo que son solamente poses populacheras. 

Le pese a quien le pese, nada es capaz de reemplazar al ejercicio de la autoridad del Estado para resolver problemas y no para tramitarlos.   

Por lo señalado es que nuestra democracia agoniza y nuestros poderes públicos los acaparan los más inútiles. Es el precio que se paga por disimular con negociaciones imposibles la falta de valor para enfrentar situaciones críticas.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/orlando-saenz-los-acuerdos-imposibles/

.