22 diciembre, 2023 

Bernardo Larraín
Pivotes

Este domingo se puso fin a un ciclo político iniciado hace cuatro años con las diversas manifestaciones del estallido y marcado por el protagonismo de la cuestión constitucional en términos de diagnósticos y propuestas. Ahora se inicia un nuevo ciclo que promete, en palabras de lado y lado, reenfocar la energía política del fallido pacto constitucional a otros pactos —social, fiscal, por el crecimiento— que aborden las urgencias ciudadanas: la inseguridad, el estancamiento económico, las pensiones y la crisis de salud, entre otras. Del “todo pasa por la Constitución” de ayer, pasamos mágicamente hoy al “nada pasa por ella”.

Al escuchar a muchos líderes políticos dando su versión de lo que viene, pareciera ser que le piden a la ciudadanía que de pronto confíe en que los incumbentes ahora sí estarían dispuestos a hacer lo que no han hecho en años: cruzar el pasillo y asumir los costos políticos necesarios para acordar las reformas que aborden las urgencias ciudadanas.

Hay razones para ser escépticos. Vienen seis elecciones en dos años (gobernadores, alcaldes, concejales, primarias, parlamentarias y presidenciales) y la calculadora electoral seguramente condicionará el actuar de los distintos sectores políticos. Es posible, por ejemplo, que desde el oficialismo tome más fuerza el objetivo de cuidar sus bases incondicionales, ese 30% que apoya al Gobierno contra viento y marea; y que una política regresiva como la condonación del CAE reviva a pesar del evidente daño que le ocasiona a la viabilidad del pacto fiscal. Desde la oposición, por su parte, la expectativa de volver a ser gobierno disminuirá aún más los incentivos a colaborar con el Ejecutivo. En este contexto, los nuevos pactos que se ofrecen corren un serio riesgo de quedar solo en titulares y vaciados de reformas sustantivas.

¿Qué hacer? Más que centrarnos en la retórica de pactos, estrategias o mesas, que pueden servir para parecer ocupados de lo importante y esconder la calculadora electoral, identifiquemos por su nombre las crisis que vive el país, y las pocas pero sustantivas reformas necesarias para enfrentarlas. Partiendo por las más urgentes, como seguridad y salud, y otras más ausentes en la agenda legislativa, pero no por ello menos importantes.

Una de las más relevantes es la crisis del Estado y de las instituciones de la democracia. El texto rechazado mandataba crear un nuevo régimen de empleo público, consagraba un Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas y hacía cambios al funcionamiento del sistema político, entre otras disposiciones relevantes.

Habiendo zafado de estos mandatos constitucionales, algunos ahora sostienen que estas son cuestiones que se distancian de las urgencias ciudadanas.

Como si la incapacidad para enfrentarlas no pasara precisamente por un sistema político disfuncional y fragmentado y por un Estado con crecientes grados de captura. No es casual que llevemos 15 años discutiendo de pensiones sin llegar a puerto, ni que políticas públicas como los Servicios Locales de Educación Pública presenten serias falencias de implementación, frente a las cuales brilla por su ausencia una evaluación de impacto regulatorio de carácter técnico, independiente e incidente. Es urgente, entonces, llevar al Congreso esas reformas.

Sigue la crisis educativa, caracterizada por una profundización de las brechas de aprendizaje y una relativización de la importancia de la escuela como espacio formativo y de cultura cívica; o la crisis de crecimiento, caracterizada por las dificultades para atraer inversión; y la crisis del empleo, expresada dramáticamente por dificultades estructurales para generar trabajo formal de calidad.

Desde la sociedad civil debemos colaborar en conectarlas con la ciudadanía y los líderes de opinión, así como en formar coaliciones de liderazgos disruptivos que ayuden a desafiar la tiranía de lo políticamente viable. En otras palabras, debemos subir el costo político de ignorar esta agenda de modernizaciones, o de reemplazarla por retoques cosméticos o una larga lista de medidas cortoplacistas o meramente administrativas, como tantas veces ocurre. (El Mercurio)

Fuente: http://www.nuevopoder.cl/lo-que-viene/

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