21 octubre, 2023 

Por Tomás Bengolea

La aprobación de una buena propuesta constitucional en diciembre, aunque no suficiente, se trata de un gran primer paso para reconstruir Chile y recuperar la paz y el progreso.

El proceso constitucional avanza y el texto que se propondrá a los chilenos está ad portas de estar totalmente elaborado. Y aunque quedan algunos elementos importantes que debe resolver en estos días la Comisión Mixta y luego votarlos el pleno -como la objeción de conciencia o poner fin al injusto impuesto territorial-, ya es posible identificar los ejes centrales de la propuesta constitucional que votaremos en diciembre.

En los marcos de la discusión natural que se empieza a producir de cara al plebiscito constitucional, existen voces que, promoviendo la opción “En Contra”, argumentan la necesidad de hacerse cargo de las urgencias sociales y desahuciar la propuesta del Consejo, por tratarse de una cuestión absolutamente alejada de la realidad de los chilenos y que en nada colabora a solucionar los problemas más importantes que enfrentan las familias de nuestro país. Es necesario hacerse cargo de esta posición, pues es consecuencia de un legítimo motivo de descontento, pero al mismo tiempo, es un distractor del punto de fondo relevante para el debate constitucional.

Efectivamente, la discusión constitucional resulta alejada del “día a día” de los chilenos, agobiados por el aumento del costo de vida, la paralización en la creación de empleo y recrudecimiento de la crisis de delincuencia que afecta al país. Varios argumentamos en esa línea en la segunda mitad del año 2022, cuando frente a un posible rechazo al proyecto constitucional de la Convención, algunos insistían en reactivar el proceso constituyente, a lo que nos opusimos. Sin embargo, es evidente que una vez iniciado el segundo proceso, lo que correspondía era hacerse cargo de la realidad y promover en esta nueva discusión las ideas de libertad y justicia que creemos le hacen bien a Chile, disputando palmo a palmo la visión institucional y el concepto de Estado y libertades con las izquierdas, y levantando una alternativa política a la refundación y el estatismo. Ello llevó a la oposición, y particularmente al Partido Republicano, a obtener una tremenda mayoría ciudadana en las elecciones de mayo, ratificando así el plebiscito del 4 de septiembre.

De este modo, la responsabilidad y el compromiso de las derechas era hacerse cargo del proceso para ofrecer una buena Constitución al país. Una Constitución que se hiciera cargo de los anhelos de los chilenos, de recuperar la paz y el progreso y poner en el centro a la persona humana y su desarrollo. Y tal y como está el proceso ahora, el objetivo se ha logrado. Como lo hemos dicho, la propuesta del Consejo protege la vida de quién está por nacer, resguarda el valor de la familia, garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios, refuerza las libertades de elección en salud, educación y seguridad social, da mejores herramientas para que el Estado combata la delincuencia y el terrorismo, introduce mejoras el sistema político, entre otras cosas.

¿Qué tiene que ver todo esto con las urgencias sociales? Evidentemente la responsabilidad de realizar cambios de política pública es ante todo una tarea del gobierno y los legisladores, y en eso no hay que perderse un minuto: quien sigue gobernando es el Presidente Boric y sus partidos, y son ellos los que tienen la primera responsabilidad de ofrecer a Chile reformas e iniciativas que permitan hacerse cargo de las principales preocupaciones y problemas del país.

Pero un buen marco constitucional sí es determinante para que esas políticas sean mejores o peores. Es decir, no da lo mismo con qué Constitución Chile enfrenta los desafíos de las próximas décadas, y el mismo caso chileno lo muestra: fue una buena Constitución la que sentó las bases de un progreso social sostenido desde los años 80; la que ordenó el proceso político asegurando que se sometiera a estándares de calidad y rigor que controlaban la demagogia.

Lo que tenemos en el texto del Consejo es aquello que la izquierda busca excluir: lo mejor de la Constitución de 1980 empoderado, reforzado y preparado para enfrentar los nuevos desafíos de un país que cambió mucho desde entonces.

La disyuntiva, a estas alturas, no es si uno es o no partidario del “proceso constituyente”. El proceso es una realidad y está en marcha. Lo responsable con Chile hoy es hacer un análisis serio respecto a sí la propuesta del Consejo Constitucional significa un avance para los chilenos respecto de la Constitución vigente, para poder dar término a este largo y tortuoso proceso con una mejor Constitución.

Por esto, reivindicar las urgencias sociales para oponerse a la propuesta del Consejo es perfectamente insuficiente; de la misma manera que sostener que una nueva Constitución resolverá esas urgencias por sí misma es perfectamente falso. La Constitución no es una varita mágica, y no tiene sentido pretender que de ella pueda transformar realidades complejas y multicausales. Pero no tiene ningún sentido desperdiciar la oportunidad de mejorar nuestras instituciones políticas y reforzar nuestras libertades en un contexto de plena legitimidad democrática, que al mismo tiempo podría significar el mensaje más potente y contundente a una izquierda que sistemáticamente ha pretendido acabar con los pilares de un Chile libre y próspero.

Las urgencias sociales deben ser atacadas con sentido de realidad, creatividad y justicia. Para ello se requiere una política conectada con la realidad ciudadana; un Estado moderno, eficiente y al servicio de las personas; una economía que crezca, genere oportunidades y cree puestos de trabajo; y un país con reglas claras y justas que pongan en el centro el respeto a la persona humana y su familia. La aprobación de una buena propuesta constitucional en diciembre, aunque no suficiente, se trata de un gran primer paso para reconstruir Chile y recuperar la paz y el progreso.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/constitucion-y-urgencias-sociales/

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