Gonzalo Ibáñez Santamaría

El uso abusivo y aun fraudulento de convenios y fundaciones le ha provocado un inmenso daño al patrimonio fiscal y, por ende, al patrimonio chileno. Sin embargo, no se trata de un delito como cualquier otro. Sucede que apareció en la política un grupo convencido de su superioridad moral sobre el resto de los chilenos, hasta el punto de creer que todo lo que ellos hagan es, por definición, bueno; y lo que hagan los adversarios es, también por definición, malo. Ese grupo, que se estima árbitro del bien y del mal, hoy dispone del poder político en Chile. Las consecuencias han quedado a la vista. Pero, lo peor no es el perjuicio fiscal. Mucho más grave ha sido la instauración de un relativismo moral, en virtud del cual cada uno puede imponer su criterio según la fuerza de que disponga. Es lo que explica la aparición y la propagación de una violencia terrorista cada día mayor. Si la gente de gobierno puede disponer del bien y del mal ¿por qué no yo? concluye un terrorista y asimismo lo hace un delincuente. El grupo político actualmente en el poder es, por esa vía, el principal impulsor del crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad en Chile. Al salir de su casa, nadie sabe si va a volver.

Lo cual no es nuevo en la política chilena. De hecho, hace 50 años sucedió algo similar cuando el grupo en el gobierno de entonces, dominado por la ideología marxista, estimó ser poseedor de una superioridad moral que le permitía tratar a sus adversarios como malvados y actuar sobre ellos con toda la violencia necesaria para doblegarlos. El partido socialista en su congreso de Chillán de 1967 hizo expresamente suya esta tesis. Fue así como desde ese gobierno se procedió a una política de robo sistemático de propiedades, industrias, campos agrícolas, etc. con el resultado de provocarle al país y a todos sus habitantes un daño colosal.

La situación pudo remediarse por la intervención de las FF. AA y de Carabineros. Hoy, la solución no puede ser otra, porque esas fuerzas son las únicas capaces de hacer frente a la violencia de los delincuentes y del crimen organizado. Por cierto, no se trata de que ellas asuman el poder político, pero sí que dispongan de los atributos suficientes y del respaldo necesario para operar de manera eficaz para restaurar la paz y la seguridad ciudadana. Pero, está claro que el gobierno no quiere dar esas atribuciones, por lo que será tarea de todos los chilenos exigirle que sí lo haga.

No podemos bajar la guardia, porque no se vislumbra otro camino de salida.

Fuente: https://web.facebook.com/gonzaloibanezsm

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