Lucía Santa Cruz, en "El Mercurio" del viernes, enumera los factores de una crisis moral: "Sacerdotes emblemáticos acusados de los crímenes más viles; colusión en las empresas, corrupción en el Ejército, en Carabineros, en el Poder Judicial y en la fiscalía. Instituciones fundamentales de la democracia, como partidos políticos y Congreso, resquebrajados y despreciados por la ciudadanía. (...) Narcotraficantes que se apoderan de la ciudad y entierran a sus muertos literalmente en gloria y majestad, bajo la protección de las fuerzas de orden. Dos récords nacionales para enorgullecerse poco: país con el más alto consumo de marihuana en adolescentes y el índice más alto de todo el mundo (74,3 %) de niños nacidos fuera del matrimonio, los cuales, en un porcentaje alto, se verán privados de la contención que entrega la presencia permanente de padre y madre. Niños en situación de calle o a cargo del Estado, maltratados y, en varios casos, asesinados bajo su protección". Y entonces llama a un consenso moral.

 

Pero uno podría adicionar ese recuento, pues no es completo: una mayoría que votó en 2010 para Presidente por un recién condenado por compra de acciones con información privilegiada y volvió a elegirlo en 2017, pese a que obtuvo más de 500 millones de pesos de financiamiento electoral ilegal mediante facturas no correspondientes a prestaciones efectivas, parte de cuya suma no dedicó a la elección sino a pagar bonos a ejecutivos de una empresa suya; instalaciones de lujo y servicio de hotelería de primera dentro del presidio para narcotraficantes, lo que habla a gritos de soborno, pero no hay ningún acusado de soborno; numerosas sentencias judiciales fundadas en falsedades flagrantes, como las que aseveran que los condenados mantienen hasta hoy personas secuestradas en sus celdas; múltiples otras sentencias que contravienen todas las bases del debido proceso; fallos habitualmente dictados contra leyes expresas y vigentes; aplicación de figuras delictivas inventadas o consagradas después de los hechos sancionados por ellas; todos los terroristas condenados antes de 1990 amnistiados o indultados y sólo un militar indultado, mientras cada vez más de sus camaradas van siendo condenados a presidio sin beneficios; 6.200 millones de dólares de indemnizaciones derivadas de la prevaricación judicial y reserva de otros dos mil millones para los próximos cinco años; pago indebido de pensiones a decenas de miles de falsos exonerados y falsos torturados. Y está lejos de ser una enumeración exhaustiva.

 

¿Qué consenso moral puede haber en un país así, si el único consenso real que hay consiste en aceptar que impera la inmoralidad general?

 

Esa es la radiografía de una nación esencialmente deshonesta. Tanto lo es que ni siquiera pueden instalarse fotorradares para controlar el exceso de velocidad, porque casi todos la exceden y usan su potencial mayoría electoral para impedir que los alcaldes decreten aquella instalación.

 

Un país donde los de un lado denuncian los atentados o crímenes de Carlos Prats, Bernardo Leighton, Orlando Letelier, Tucapel Jiménez y Contreras Maluje y del otro lado les replican con los del teniente Lacrampette, del teniente Carevic, del carabinero Heriberto Novoa, del coronel Roger Vergara, del general Carol Urzúa, del carabinero Vásquez Tobar, de los tres escoltas del general Sinclair, de los cinco del Presidente Pinochet, de la mayor Olderock, del coronel Luis Fontaine, del agente Roberto Fuentes Morrison, de los generales Leigh y Ruiz Bunger y del senador Jaime Guzmán.

¿Por qué enumero más atentados contra los nuestros que contra los de ellos? Porque en Chile existe el acuerdo inmoral de que en política cada uno tira para su lado.

De manera que los únicos consensos que pueden alcanzarse en Chile son los consensos inmorales, como el logrado para designar ministros de la Corte Suprema: ustedes votan por uno de los nuestros y nosotros votamos por uno de los de ustedes. Como partiendo de la base de que no existen jueces realmente morales, que apliquen las leyes objetivamente y no sean ni de nosotros ni de ustedes. Pues si existieran, no podrían llegar a la Corte Suprema, como la ministra Raquel Camposano, nunca nominada, el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo o el ministro Alfredo Pfeiffer, ambos rechazados porque la izquierda es tan inmoral que ni siquiera respeta su palabra de cumplir un acuerdo inmoral.

¿Así es que en Chile no podemos llegar a un consenso moral? Tal vez podamos llegar a uno solo: que nuestra moral no tiene remedio. Y entonces podemos seguir intentando llegar a más consensos inmorales, pero sin ninguna seguridad de que la izquierda los vaya a cumplir.

 

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

 

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