"La educación universitaria es hoy por hoy un proyecto privado de la más alta rentabilidad y frente a escasez de recursos debiera ser costeado por quienes acceden a ella y no por el Estado".
Por José Pedro Undurraga Izquierdo
Ingeniero Comercial PUC, MBA U of Chicago y académico. Director AIEP, ex rector de INACAP y actual gerente general de Inmobiliaria Educacional SpA.
Entre muchas razones por las que no me parece que deba ser gratuita la educación universitaria, está que ante escasez de recursos no cabe duda es más rentable para el país invertir en las etapas más tempranas de la educación. Sin embargo, hemos votado políticamente, por ceder ante grupos bien organizados de interesados en llevar el dinero fiscal a su molino y hacer gratuita la enseñanza universitaria. Mientras, nuestros párvulos y estudiantes de enseñanza básica y media deberán esperar. Los más pequeños no marchan ni se expresan organizadamente y por eso no pueden exigir rendición de cuentas cuando no los ponemos en primer lugar, como prometimos.
Como en este espacio no se pretende escribir una tesis, me referiré solo a un aspecto de los argumentos que se pueden utilizar para alumbrar la discusión. La educación universitaria es hoy por hoy un proyecto privado de la más alta rentabilidad y frente a escasez de recursos debiera ser costeado por quienes acceden a ella y no por el Estado. Otra cosa es el financiamiento de esa inversión, para la que, en atención a su alta rentabilidad, siempre habrá mecanismos disponibles, incluso aquellos con garantías del Estado o con costo financiero subsidiado por éste. Una cosa es subsidiar el costo financiero y otra muy distinta es subsidiar el costo total.
Argumentos para reclamar gratuidad en la educación universitaria surgieron fundamentalmente a raíz del costo financiero que el CAE tenía para los graduados. No obstante, la reforma no se limitó a corregir ese problema, sino que fue más allá y la hizo gratuita completamente.
Hagamos un breve análisis de esa decisión utilizando información pública contenida en la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) entre 2011 y 2017. En todas las versiones entre esos años se ha incluido un gráfico que muestra la relación entre el promedio de ingresos del trabajo y los años de escolaridad de las personas. Como esperaríamos, la curva tiene inclinación positiva, es decir, en la medida que un individuo tiene más años de escolaridad (estudio) mayor su ingreso derivado del trabajo. Pero, también podemos observar que la relación no es lineal, sino que el incremento en los ingresos sube de manera exponencial después de egresar de la educación media, es decir, después de los 12 años de escolaridad. Ello deja en evidencia la poca significancia que otorgan los empleadores a la enseñanza media y el tremendo valor que tiene para quienes acceden a ella, la educación superior.
Miremos algunos números. Un trabajador con enseñanza básica completa gana en el promedio de las últimas 4 encuestas (8 años) 32% más que un trabajado sin escolaridad, un trabajador con enseñanza media completa gana un 74% más que el mismo trabajador sin escolaridad, un egresado de enseñanza Técnica Superior un 127% más y un universitario un 387%. La educación universitaria permite al trabajador promedio un incremento de remuneraciones equivalente a cuatro veces la que obtendría sin escolaridad, tres veces la que obtendría con enseñanza media y más del doble de la que recibiría con enseñanza técnica superior. (promedio CASEN 2011-2017)
Los estudiantes en enseñanza escolar triplican en número a quienes están en educación superior y es allí donde habría que mejorar sustantivamente la calidad invirtiendo lo que corresponda o lo que se pueda. Sin embargo, la política pública asigna gratuidad a la educación universitaria antes que a la técnica e incrementa el financiamiento de la educación superior por sobre la educación escolar y preescolar. Esto hace ningún sentido dada la significancia de la rentabilidad privada que recibe quien accede a la universidad, en comparación con la rentabilidad social de las etapas previas de la escolaridad, y versus la propia capacidad de financiamiento de esas instancias, que se deriva de los ingresos que son capaces de generar por cuenta propia después de egresados.
.
