09 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Hernán Corral


"La gestión de Patricia Muñoz ha deslegitimado una institución en la que se depositaron grandes esperanzas."


El video “El llamado de la naturaleza” ha sido la última de las intervenciones de Patricia Muñoz como defensora de la Niñez que desfiguran el fin público e institucional con el que fue creado, en 2018, ese servicio público. El título del video anticipaba su objetivo: que los niños y adolescentes sigan irreflexivamente sus instintos y pulsiones “naturales”.

El texto de la canción no deja lugar a dudas: “Ya se derrumbó toda esa falsa moral, las pancartas lucen la demanda social, siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes...”. Lo del “salto de torniquetes” detonó la polémica. En el imaginario colectivo se conectó con la imagen de los escolares que comenzaron a eludir pagar el pasaje en el metro, lo que terminó en la quema de estaciones perjudicando a millones de personas de escasos recursos y en un vandalismo desatado que hasta hoy debemos soportar. Se trata de una metáfora, por cierto; una metáfora sobre cómo infringir las reglas de la convivencia saltándoselas por la fuerza.

Otros trozos de la letra son tan o más subversivos: “Marcha junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar... Demanda tus derechos, late fuerte el pueblo original, el llamado de la naturaleza, el brillo de tu esencia nadie puede ignorar”. No es un llamado a opinar sino a gritar y cambiar el mundo demandando derechos. Se añade: “No permitiremos que silencien nuestra opinión,... caminemos junto a la revolución. Crearemos, estamos creando nuestra propia rebelión”.

Se azuza el conflicto entre padres e hijos: “De pequeño no pude opinar, nos callaban hasta en la cena. Religión u orientación sexual no eran temas que uno decidiera”, con lo que vulnera su ley orgánica, que le exige promover el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.

La defensora ha dicho que la intención era llamar a los niños a empoderarse y reclamar sus derechos, pero el contenido del video habla de lo contrario: de manipularlos para que asuman comportamientos propios de un individualismo narcisista y anárquico.

Patricia Muñoz desde el inicio mostró esta tendencia a politizar su cargo. A poco de asumir declaró que no era su misión velar por los que están por nacer, contrariando la Convención de Derechos del Niño, que protege a los niños tanto antes como después del nacimiento. Denuncia y se querella a favor de adolescentes abusados por la policía, pero nada dice de los que padecen los efectos del violentismo destructivo. Se autocalifica como “opinante” y en su cuenta de Twitter expresa su parecer, sin distinguir si habla como defensora o como simple ciudadana: criticó a Mauricio Rojas (“¿Renunció ya el converso? ¿o lo echaron?”), se opuso a la Ley Aula Segura y a la revisión de mochilas de estudiantes, y calificó de desacato la negativa del ministro Paris a entregar correos. Mientras arreciaba la polémica por el video, recibió a dirigentes del Movilh y se comprometió a apoyar la derogación del delito que sanciona las relaciones homosexuales entre varones mayores con jóvenes de 14 años, sin considerar que el Tribunal Constitucional por dos veces ha juzgado la norma compatible con la igualdad ante la ley.

Lo más grave es que la gestión de Patricia Muñoz como defensora de la Niñez ha deslegitimado una institución recién establecida y en la que se depositaron grandes esperanzas. Da cuenta, además, de un diseño legal defectuoso al hacerla depender de un solo individuo, lo que se agudiza cuando recae en alguien con el perfil mediático y afán protagónico de Muñoz.

Más allá de los cuestionamientos por gastos excesivos, su eventual destitución por la Corte Suprema o denuncias a la Contraloría por los más de $70 millones que gastó en un video inútil, así como la escasa transparencia de su licitación, convendría modificar la ley para establecer, como sucede con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Banco Central o el Consejo para la Transparencia, que quien dirija la Defensoría sea un órgano colegiado, que procure una gestión más objetiva y ecuánime, y sobre todo, que respete las diversas visiones que coexisten en la ciudadanía sobre los niños, niñas y adolescentes, y su relación con padres y familias.

Fuente: https://www.elmercurio.com/blogs/2020/12/09/84126/La-defensora-y-la-rebelion-de-los-torniquetes.aspx

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