24 mayo, 2025 

por Pilar Molina

Nadie puede creer que el Gobierno se sorprenda cuando las cifras de los abusos con las licencias, sobre todo en Fonasa, son una realidad advertida y documentada hace mucho rato. Por ADN y razones electorales, era mejor mirar para el lado.

Parece que en verdad se sorprendieron en el Gobierno con la fiscalización de la Contraloría, que sólo cruzó dos variables: licencias médicas en el sector público en los años 2023 y 2024 con el registro de salidas y entradas al país. Y ¡puaff!, 25 mil funcionarios viajaron incumpliendo el período de reposo médico, por el cual el Fisco, por el “esfuerzo” de trabajar para el Estado, les paga el 100% de sus sueldos. Ese era el caso del 69 % que estaba afiliado a Fonasa. El restante 31% estafó a las Isapres, de las cuales no reciben el mismo trato que en el seguro estatal. Como en el sector privado cuesta ganarse la plata, no les reembolsan el 100% y tampoco les pagan los 3 primeros días de licencia, salvo que ésta sea superior a 11 días.

Se trata de 25.078 funcionarios públicos que no engañaron con una sola licencia, sino que con 35.585, y que tampoco hicieron un solo viaje, sino que los titulares entraron o salieron del país en casi 60 mil oportunidades. Nuestros servidores públicos tienen pasaporte de “viajeros frecuentes”, con más de un millón 200 mil entradas o salidas al país en los últimos dos años. El economista Jorge Quiroz calculaba en US$ 800 millones el fraude anual con licencias que paga el Fonasa. Quizás es más, pero lo cierto es que el seguro estatal paga anualmente sobre US$ 1.500 millones de dólares en permisos de reposo a funcionarios públicos (Horizontal) y que destina el 70% de sus ingresos por cotizaciones a financiar este ítem.

Y lo insólito es que el sector salud, donde se generan los permisos médicos, es el más tramposo. Los trabajadores de Salud tienen un 30% más de licencias médicas que el resto de los funcionarios, con un promedio de 35 días anuales. No extraña, por eso, que estén punteando en el ranking de pícaros los que laboran en la Subsecretaría de Salud Pública. La de la militante del Frente Amplio, Andrea Albagli, que no tiene tiempo de controlar su organización, preocupada de las campañas de vacunación, que según el ex Ministro Jaime Mañalich, al menos la actual, “es un fracaso”.

El fraude al seguro médico público no puede sorprender a nadie, menos después de las recientes investigaciones a mafias de licencias, la mayoría colombianas, que han estafado al Fisco en decenas de millones de dólares. El rechazo a estos permisos es mínimo: 6,4% en 2023 (en las Isapres es el doble). Hay muchas facilidades para cometer el engaño. Y el gobierno ha sido laxo en la fiscalización, desoyendo las advertencias anteriores de Contraloría sobre trabajadores con licencias extensas (332 días tomó una psicóloga de Dipres) que simultáneamente ejercían otras actividades remuneradas y o viajaban. El Fisco no puede recortar más sus gastos, como se lo recomendó el Consejo Fiscal Autónomo, porque prefiere seguir alimentando los subsidios de reposo del seguro estatal que entre 2018 y 2022 crecieron un 76%. Y continuaron al alza.

Las actuales autoridades saben perfectamente que los viajeros con reposo legal no son los únicos pillos, sino que debe haber millares que viajaron dentro de Chile y tampoco están contabilizados los que hicieron el mismo chanchullo, pero con alternativas al turismo. Esta administración tiene el máximo de licencias desde que hay registro, para llegar a un promedio anual por funcionario de 34 días hábiles en la primera mitad del gobierno (Pivotes). En el sector privado la cifra cae a 15 días en promedio, menos de la mitad. Sobre eso súmele vacaciones y días administrativos a los servidores fiscales. 

Aquí “no paga Moya, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos”, señaló el Ministro del Interior Álvaro Elizalde. Pero bajo sus narices se comete el fraude, y peor, las dos organizaciones más comprometidas son las que tienen que garantizar la educación parvularia a través de los jardines infantiles y salas cunas de administración directa e indirecta. Son la Junji e Integra, las que concentran el 12% del total con 2.280 y 1.934 casos, respectivamente. La Contraloría inició sumarios para fiscalizar por qué, además de las jefaturas, incumplen con su deber de control: la Compin, la Súper de Seguridad Social y Fonasa, con 50 casos de pillines los dos últimos (para no creerlo…).

Parece increíble que recién se den cuenta en La Moneda que esos fraudes los pagan los chilenos con sus impuestos y no hay recursos para acortar las históricas listas de espera en Salud (Los de Isapres financian además la estafa de sus afiliados). Hacienda ordenó informes, procesos disciplinarios (aparte de los sumarios que dispuso Contraloría) y hasta la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, que seguramente se diluirá en el tiempo junto con la noticia, porque, ¿por qué tanta premura ahora? 

Huele más bien a estrategia comunicacional, porque la “mejor directora de Presupuesto de la historia”, Javiera Martínez, ya había publicado a inicios de año, una preocupante “Radiografía del Ausentismo Laboral en el Sector Público”. Martínez reaccionó al informe de Contraloría preocupada, aportando que en 2024 el Estado gastó sobre US$ 350 millones por la suplencia y reemplazo de las licencias médicas de los funcionarios públicos, lo cual equivale a 8 millones de días perdidos al año. Pero de medidas sancionatorias o estrategias concretas para atacar la impunidad ante el saqueo de recursos públicos, de eso ¡nada! Sólo un compromiso asumido el año pasado, en la discusión presupuestaria para este año, de presentar en el semestre que vence en junio un proyecto para modernizar el régimen de licencias médicas.

Si no hay voluntad para sancionar la corrupción, de poco y nada sirve seguir haciendo leyes. Ya está tipificado el engaño como fraude o estafa, incluso con penas de cárcel, y el Congreso despachó otra ley, aún no promulgada, que regula el uso del beneficio médico.

Pero los gobiernos que lucran electoralmente con platas ajenas prefieren mirar para el lado en vez de controlar el buen uso de las licencias médicas. Para qué se va a hacer problemas la izquierda y aparecer en contra de funcionarios ministeriales de la coalición de Gobierno que viajaron a costa del Estado o del Colegio Médico, que ha combatido un mayor control de las licencias,  y de los funcionarios públicos que ha pastoreado y acrecentado en 100 mil como botín electoral esta administración. 

Ya veremos a los nuevos servidores públicos aferrados a sus cargos en el próximo gobierno de derecha, “tirando licencias” cada vez que quieran viajar, acusando hostigamiento laboral si los miran con mala cara, o iniciando una huelga ilegal, si se propone eliminar incentivos perversos del Fonasa como pagar anticipadamente las licencias y el 100% de las mismas.

Finalmente, lo que está detrás es un problema moral y al Gobierno no le gusta discutir estos temas porque ellos son “la” moral. Son quienes establecieron que era legítimo evadir el pago del transporte público ante un alza de 30 peso en la tarifa. Como también no pagar el CAE, si estudiaron con crédito la educación superior. Que la mayoría de los chilenos, según diversas encuestas, esté de acuerdo con falsear una licencia o conocen a personas que las han comprado o se las han conseguido… es más de lo mismo.  

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/sorprendidos-o-pillados/

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